Analizan fondo económico transferido a poblaciones

“El Estado, narrativamente, reconoce, pero, administrativamente, clasifica”, menciona el politólogo Manuel Ignacio Martínez Espinoza, sobre cómo el reparto de recursos económicos hacia las comunidades indígenas y afromexicanas no ha surgido de procesos comunitarios, sino de lógicas burocráticas. Durante una participación en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el también investigador de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) abordó la forma en la que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam) se ha repartido en la entidad.  Con base en los archivos oficiales de este fondo, que transfiere recursos directamente a las comunidades desde 2025, Ignacio Martínez encontró que el acceso está condicionado a que las poblaciones aparezcan en una lista elaborada por la Secretaría del Bienestar y validada