El Congreso de Chiapas, a través de la Comisión de Vigilancia, prepara una iniciativa de Ley para que los alcaldes o presidentas municipales que no entreguen la Cuenta Pública sean desaforados, pues se trata de una obligación en el tema de los ayuntamientos que tienen que cumplir de forma anual sin importar colores partidistas. La legislación en la materia puntualiza que sin excepción alguna los municipios tienen que presentar sus informes a más tardar el 30 de abril de cada año, a reserva que soliciten (de forma justificada) una prórroga ante el Poder Legislativo. La Comisión de Vigilancia, que dirige la diputada Ana Laura Romero Basurto, informó que hasta el corte del 29 de agosto, y a tan sólo un mes del cambio de administraciones municipales, fueron 113 los ayuntamientos que cumplieron con su obligación tal y como lo determina la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. Todas las cuentas públicas que llegan al Congreso Local son enviadas a la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que
Buscan que alcaldes sin Cuenta Pública sean desaforados
El Congreso de Chiapas, a través de la Comisión de Vigilancia, prepara una iniciativa de Ley para que los alcaldes o presidentas municipales que no entreguen la Cuenta Pública sean desaforados, pues se trata de una obligación en el tema de los ayuntamientos que tienen que cumplir de forma anual sin importar colores partidistas. La legislación en la materia puntualiza que sin excepción alguna los municipios tienen que presentar sus informes a más tardar el 30 de abril de cada año, a reserva que soliciten (de forma justificada) una prórroga ante el Poder Legislativo. La Comisión de Vigilancia, que dirige la diputada Ana Laura Romero Basurto, informó que hasta el corte del 29 de agosto, y a tan sólo un mes del cambio de administraciones municipales, fueron 113 los ayuntamientos que cumplieron con su obligación tal y como lo determina la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. Todas las cuentas públicas que llegan al Congreso Local son enviadas a la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que