Desplazados, el rostro de la intolerancia religiosa

En septiembre de 2017, siete familias del poblado Los Llanos, del municipio de San Cristóbal, recibieron como plazo cuatro meses para levantar sus cosechas y desmantelar sus casas de madera y láminas; al término, debían abandonar la comunidad y devolver sus certificados parcelarios. Se trata del desplazamiento forzado y la expulsión que por motivos religiosos padecen familias enteras de diversas comunidades indígenas del estado, y que escapan con el único objetivo de salvar la vida. Estas nuevas víctimas se suman a las varias decenas que, desde 1997, continúan a la espera del cumplimiento de minutas y promesas de indemnización y reparación de daños por las autoridades. Los usos y costumbres para los disidentes del tradicionalismo católico de este poblado, incluyen, además del despojo, la humillación pública, y la expulsión. Desde enero de este año, los ahora expulsados no han recibido ningún tipo de ayuda, y no han denunciado los hechos por las amenazas de muerte que pesan sobre ellos. Los municipios de San