La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en la que declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, ocurrida en el estado de Chiapas en 1999. En la sentencia del Caso González Méndez y otros Vs. México, la CIDH declaró a los Estados Unidos Mexicanos responsable internacionalmente por la desaparición forzada cometida en perjuicio de Antonio González Méndez, así como por otras violaciones a derechos humanos en su perjuicio y de sus familiares: su esposa, Zonia López Juárez, y sus hijas e hijo: Ana, Magdalena, Elma Talía y Gerardo González López. La Corte determinó que la desaparición forzada del señor González Méndez sucedió en el marco del contexto de violencia en el estado de Chiapas, que se intensificó a partir de 1994, con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En ese contexto, tuvieron actuación grupos paramilitares surgidos a partir de una política estatal contrainsurgente, el Pl
Estado mexicano, culpable por desaparición forzada
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en la que declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, ocurrida en el estado de Chiapas en 1999. En la sentencia del Caso González Méndez y otros Vs. México, la CIDH declaró a los Estados Unidos Mexicanos responsable internacionalmente por la desaparición forzada cometida en perjuicio de Antonio González Méndez, así como por otras violaciones a derechos humanos en su perjuicio y de sus familiares: su esposa, Zonia López Juárez, y sus hijas e hijo: Ana, Magdalena, Elma Talía y Gerardo González López. La Corte determinó que la desaparición forzada del señor González Méndez sucedió en el marco del contexto de violencia en el estado de Chiapas, que se intensificó a partir de 1994, con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En ese contexto, tuvieron actuación grupos paramilitares surgidos a partir de una política estatal contrainsurgente, el Pl