La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), órgano jurídico máximo a nivel continental, falló a favor de Antonio González Méndez al considerar que el Estado mexicano vulneró los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad y libertad personal, así como a la libertad de asociación. En la sentencia, la CIDH declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por la desaparición forzada cometida en perjuicio de Antonio González Méndez, así como por otras violaciones a derechos humanos en su perjuicio y de sus familiares: su esposa Zonia López Juárez, y sus hijas e hijo: Ana, Magdalena, Elma Talía y Gerardo González López. La Corte determinó que la desaparición forzada del señor González Méndez sucedió en el marco de violencia en la entidad, que se intensificó a partir del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En ese contexto, tuvieron actuación grupos paramilitares surgidos a partir de una política estatal contrainsurgente, el Pla
Falla CIDH a favor de Antonio González Méndez
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), órgano jurídico máximo a nivel continental, falló a favor de Antonio González Méndez al considerar que el Estado mexicano vulneró los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad y libertad personal, así como a la libertad de asociación. En la sentencia, la CIDH declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por la desaparición forzada cometida en perjuicio de Antonio González Méndez, así como por otras violaciones a derechos humanos en su perjuicio y de sus familiares: su esposa Zonia López Juárez, y sus hijas e hijo: Ana, Magdalena, Elma Talía y Gerardo González López. La Corte determinó que la desaparición forzada del señor González Méndez sucedió en el marco de violencia en la entidad, que se intensificó a partir del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En ese contexto, tuvieron actuación grupos paramilitares surgidos a partir de una política estatal contrainsurgente, el Pla