La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Guardia Nacional (GN), ubicadas en aduanas de Talismán y Ciudad Hidalgo, están frenando la entrada de vehículos procedentes de Guatemala tanto particulares como los llamados “amarillos”. Miles de turistas que semana a semana vienen de compras y por placer están siendo afectados, y en consecuencia, la economía de la región, denunciaron integrantes de la iniciativa privada. El empresario Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, consejero de la Coparmex Costa de Chiapas y enlace con Centroamérica, señala que la medida, aunque existe en la ley, no se aplicaba. En la actualidad se mantiene cerrado el comercio y el turismo procedente de Guatemala, al que mucho le han apostado tanto el Gobierno de Chiapas como la Federación y la misma iniciativa privada, dijo. Hay corrupción Consideró que la disposición también favorece la corrupción, pues algunos conductores tienen pagar “mordida” para que puedan pasar. La autoridad federal debe entender el grave daño
Obstaculizan el ingreso de turistas a la frontera sur
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Guardia Nacional (GN), ubicadas en aduanas de Talismán y Ciudad Hidalgo, están frenando la entrada de vehículos procedentes de Guatemala tanto particulares como los llamados “amarillos”. Miles de turistas que semana a semana vienen de compras y por placer están siendo afectados, y en consecuencia, la economía de la región, denunciaron integrantes de la iniciativa privada. El empresario Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, consejero de la Coparmex Costa de Chiapas y enlace con Centroamérica, señala que la medida, aunque existe en la ley, no se aplicaba. En la actualidad se mantiene cerrado el comercio y el turismo procedente de Guatemala, al que mucho le han apostado tanto el Gobierno de Chiapas como la Federación y la misma iniciativa privada, dijo. Hay corrupción Consideró que la disposición también favorece la corrupción, pues algunos conductores tienen pagar “mordida” para que puedan pasar. La autoridad federal debe entender el grave daño