Organizaciones piden frenar la violencia

Cerca de 100 organizaciones civiles de derechos humanos, grupos y colectivos hicieron un llamado al Estado mexicano a “implementar medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida e integridad personal de la población en las comunidades tzotziles, que se ubican en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó”, enfrentados por la disputa de 60 hectáreas. En una carta dada a conocer después del asesinato del síndico de Aldama, Ignacio Pérez Girón, sucedido el pasado fin de semana, expresaron su preocupación “por el incremento de la violencia en los Altos, lo que pone en riesgo la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios”. Aseguraron que “la población vive con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región”. Manifestaron que “desde febrero de 2018, la población de Aldama vive una situación de crisis humanitaria, pues las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsi