El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuestiona la materialidad de las operaciones amparadas por los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), olvidando que el contenido de estos tiene a su favor la presunción de veracidad prevista en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, por lo que debe ser suficiente para su acreditación. Edgar Benjamín Berzaín Varela, abogado litigante en materia fiscal y administrativa, comentó que los comprobantes fiscales al ser emitidos se van de manera automática a la base de datos del SAT, que es el organismo que los valida, lo que presume que cumple con los más de 100 requisitos que exige la normatividad. Reiteró que se dice presunción porque la ley lo dice textualmente, incluso puede no ser real, pero la legislación en la materia lo presume como tal. “Las presunciones tienen a su favor algo, es decir, si hay una presunción a mi favor, mi contraparte en este caso la autoridad, tiene que desvirtuar esa presunción”. Los tribunales y los abogados deben
SAT debe reconocer veracidad de facturas
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuestiona la materialidad de las operaciones amparadas por los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), olvidando que el contenido de estos tiene a su favor la presunción de veracidad prevista en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, por lo que debe ser suficiente para su acreditación. Edgar Benjamín Berzaín Varela, abogado litigante en materia fiscal y administrativa, comentó que los comprobantes fiscales al ser emitidos se van de manera automática a la base de datos del SAT, que es el organismo que los valida, lo que presume que cumple con los más de 100 requisitos que exige la normatividad. Reiteró que se dice presunción porque la ley lo dice textualmente, incluso puede no ser real, pero la legislación en la materia lo presume como tal. “Las presunciones tienen a su favor algo, es decir, si hay una presunción a mi favor, mi contraparte en este caso la autoridad, tiene que desvirtuar esa presunción”. Los tribunales y los abogados deben