SCJN equipara migrar con un delito

Con el voto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de que la Guardia Nacional (GN) siga en labores de control migratorio junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), da la espalda a personas en contexto de movilidad y a la protección internacional, señalaron defensores de derechos humanos. El pasado 24 de abril, la Corte ratificó la constitucionalidad del artículo 9, fracción XXXV, de la Ley de la Guardia Nacional, que faculta a sus elementos a auxiliar al INM en la inspección de documentación de personas migrantes, en el resguardo de las estaciones migratorias y en la detención de personas migrantes y solicitantes de protección internacional. El Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) recordó las más de mil 500 denuncias por violaciones a derechos por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, y casos emblemáticos como el de Ernestina Asencio, mujer indígena de 73 años, quien fuera torturada sexualmente por militares en Veracruz, o el homicidio de Ángel Yael, estu