En México, la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 estableció una de las transformaciones más importantes de la Carta Magna, que en su conjunto generó un nuevo paradigma para garantizar los derechos de las personas, lo que permitió modificar el quehacer público. Para Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, la propuesta que incorpora los derechos humanos encuentra concordancia con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, y a partir de entonces se ha tratado de armonizar un conjunto de instrumentos jurídicos que permitan respetar, proteger, garantizar y promover los derechos que establece la Constitución. La administración pública a través de quienes se desempeñan en el servicio público, está obligada a garantizar estos derechos; para lograrlo deben ampliar sus capacidades institucionales bajo el enfoque de gobernanza, para que la agenda pública los incorpore en los procesos de diseño de políticas públicas y la implementación de ac
Se debe fortalecer el servicio público
En México, la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 estableció una de las transformaciones más importantes de la Carta Magna, que en su conjunto generó un nuevo paradigma para garantizar los derechos de las personas, lo que permitió modificar el quehacer público. Para Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, la propuesta que incorpora los derechos humanos encuentra concordancia con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, y a partir de entonces se ha tratado de armonizar un conjunto de instrumentos jurídicos que permitan respetar, proteger, garantizar y promover los derechos que establece la Constitución. La administración pública a través de quienes se desempeñan en el servicio público, está obligada a garantizar estos derechos; para lograrlo deben ampliar sus capacidades institucionales bajo el enfoque de gobernanza, para que la agenda pública los incorpore en los procesos de diseño de políticas públicas y la implementación de ac