Temen predisposición de jueza en caso Castro

El proceso judicial que las autoridades de Honduras llevan a cabo por el atentado en el que fue asesinada la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Cáceres, y herido el ambientalista mexicano, Gustavo Castro Soto, "ha estado caracterizado por la violación de los derechos humanos y garantías procesales" en contra del director de la Asociación Civil Otros Mundos Chiapas, denunciaron familiares. Dijeron que Castro Soto ha sido sometido a "largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a fotocopias de todas las diligencias, falta de asistencia médica y psicológica como víctima de un delito grave, retención de sus pertenencias y sobre todo la prohibición de salir del país, medida que la propia jueza del caso, Victorina Flores, reconoce en su resolución como no prevista para testigos". En un comunicado, los familiares de Bertha Cáceres y de Gustav