Ajustes

Al cumplirse el primer año de la completa implementación, esto es, por las 32 entidades federativas, de la reforma constitucional penal de 2008, que introdujo el sistema penal oral, acusatorio y adversarial, diversas voces críticas han arreciado sobre su pretendida incidencia en la problemática de la seguridad pública, principalmente por el otorgamiento de la libertad condicional en favor del inculpado. Bajo ese razonamiento, el nuevo sistema de justicia penal ha venido a contribuir de manera decisiva —a su parecer— con el clima de inseguridad y de violencia que se vive en determinadas regiones país, al constituir una supuesta trinchera para la impunidad, un acicate para el malhechor común y un incentivo perverso para la comisión osada y reiterada de toda clase de crímenes. La verdad es que ese examen simplificador se encuentra bien lejos de la realidad. En primer lugar, debe considerarse que la reforma penal fue primordialmente legislativa, por lo que no se originó desde las entrañas mismas de las institucio