Ante el incremento en prácticamente todo el país del llamado “cobro de piso”, que por igual afecta a comerciantes ambulantes, taquerías, tortillerías, transportistas, aguacateros, limoneros y grandes industrias, el Senado de la República analiza una reforma para tipificarlo como delito y sancionar con 12 años de cárcel a quienes lo cometan. La iniciativa de reforma fue presentada por la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, quien expuso que se debe considerar el cobro de derecho de piso como actos de la delincuencia organizada, e imponer de ocho a 12 años de prisión a quien cometa este tipo de ilícitos. La legisladora del PT comentó que se trata de una práctica desleal que ha “institucionalizado” el crimen organizado en el país, lo cual genera un ambiente de miedo, violencia e inseguridad en la sociedad, además de obstaculizar el desarrollo económico y social de las personas. Destacó que esta actividad viola los derechos humanos de las personas, lo cual afecta su derecho al trabajo y a la libertad para ejercer
Analizan senadores 12 años de cárcel por “cobro de piso”
Ante el incremento en prácticamente todo el país del llamado “cobro de piso”, que por igual afecta a comerciantes ambulantes, taquerías, tortillerías, transportistas, aguacateros, limoneros y grandes industrias, el Senado de la República analiza una reforma para tipificarlo como delito y sancionar con 12 años de cárcel a quienes lo cometan. La iniciativa de reforma fue presentada por la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, quien expuso que se debe considerar el cobro de derecho de piso como actos de la delincuencia organizada, e imponer de ocho a 12 años de prisión a quien cometa este tipo de ilícitos. La legisladora del PT comentó que se trata de una práctica desleal que ha “institucionalizado” el crimen organizado en el país, lo cual genera un ambiente de miedo, violencia e inseguridad en la sociedad, además de obstaculizar el desarrollo económico y social de las personas. Destacó que esta actividad viola los derechos humanos de las personas, lo cual afecta su derecho al trabajo y a la libertad para ejercer