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En alguna ocasión del pasado, una alta instancia de justicia del país resolvió en ciertos asuntos sobre periodistas demandados por una funcionaria pública que les reclamó la reparación del daño moral por la publicación de contenidos de opinión sobre el desempeño de su trabajo. El tema era la forma en que se había acreditado en ese material, el daño moral impugnado, ya que en él se advertían expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión que demostraban real malicia, es decir, que esas opiniones tenían intención de daño y agravio. Capítulo aparte es el hecho de que alguien, de forma gratuita o no gratuita, utilice su posición en la prensa para esparcir rumores que tienen como fin dañar la imagen de particulares con el uso de supuestos que parecieran plantados por ciertos intereses. De acuerdo con quienes opinan, el hecho abordado por la justicia ha sentado precedente sobre la protección al honor de las figuras públicas frente a un ejercic