Aplicar la ley educativa

En nuestro país es tan común que se negocie la aplicación de la ley, que resultó sorpresivo que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunciara que se cesará a los 291 maestros y técnicos docentes que, sin justificación alguna, no participaron en la prueba de evaluación diagnóstica, realizada entre agosto y principios de octubre pasados. Por audaz que parezca su declaración, se trata simplemente de cumplir con lo dispuesto en los artículos 22, 69 y 74 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, que establece los criterios y procedimientos para el ingreso, la promoción y permanencia en el servicio, así como las sanciones por incumplimiento. Desde la promulgación de la mencionada ley reglamentaria del Artículo 3º Constitucional, en septiembre de 2013, la práctica recurrente ha sido que las autoridades estatales y federal cedan ante las presiones de la CNTE, o la CETEG, cuyos integrantes se resisten a ser evaluados. La inaplicación de la norma se debe, en buena medida, a que la autoridad carece de