Las legislaturas de 17 estados del país aprobaron la reforma de justicia laboral, que establece que los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo del Poder Judicial de la Federación, así como la creación de Centros de Conciliación. Esas legislaturas son de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Detalló que se reformaron los artículos 123 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permitirá al Congreso de la Unión hacer la declaratoria oficial de procedencia e iniciar el trámite legislativo para la promulgación y entrada en vigor de las nuevas disposiciones constitucionales en materia laboral. La reforma establece que los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales de las entidades
Aprueban reforma de justicia laboral
Las legislaturas de 17 estados del país aprobaron la reforma de justicia laboral, que establece que los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo del Poder Judicial de la Federación, así como la creación de Centros de Conciliación. Esas legislaturas son de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Detalló que se reformaron los artículos 123 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permitirá al Congreso de la Unión hacer la declaratoria oficial de procedencia e iniciar el trámite legislativo para la promulgación y entrada en vigor de las nuevas disposiciones constitucionales en materia laboral. La reforma establece que los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales de las entidades