Cárcel y pobreza

Que el 43 % de la población total penitenciaria del país no haya recibido sentencia aún y la mayoría de estas personas estén acusadas de delitos del fuero común es una grave injusticia que represente un agravio a la pobreza. Según dio a conocer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el país hay más de 220 mil personas privadas de la libertad y de ellas, más de 95 mil no tienen sentencia aún, de las cuales un importante porcentaje lleva en prisión más de diez años. Debemos reconocer que el decreto presidencial para la liberación de 12 mil 359 reclusos que llevan más de diez años sin sentencia en cárceles federales por delitos no graves es una acción oportuna e inédita y pone el dedo en la llaga respecto a las graves problemáticas de nuestro sistema de impartición de justicia. Aprovechando que este tema hoy queda a la vista en la agenda pública, surgen los testimonios que exhiben profundas anomalías, los cuales representan graves tragedias humanas. Con toda seguridad esto significa que las famil