¿Cerrar el paso al crimen sin abrir la puerta al veto electoral?

Dos reformas, una constitucional y otra legal, abren una discusión de fondo: cómo impedir la injerencia externa y la intervención del crimen organizado sin convertir el marco electoral en un instrumento para excluir adversarios. En política, las reglas nunca son neutras cuando se modifican de cara a una elección decisiva. Por eso, las reformas presentadas bajo el argumento de proteger la integridad electoral deben analizarse no solo por lo que dicen, sino por lo que podrían permitir rumbo a 2027. Las dos reformas forman parte de una misma discusión y apuntan a modificar, por vías distintas, las condiciones de la competencia electoral. La constitucional busca incorporar la injerencia extranjera como causal de nulidad, bajo el argumento de proteger la soberanía del voto frente a financiamiento ilícito, ciberataques, desinformación o presión de gobiernos extranjeros. La legal propone crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, integrada por consejeros del Instituto Nacional Electoral (I