Cuando contaminar sí tiene consecuencias

Cuando una empresa descarga aguas residuales en ríos o cuerpos de agua de la nación, no solo realiza una actividad industrial: impacta un bien que pertenece a todas y todos. Ese fue el tema central del Amparo en revisión 233/2025, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ¿es justo que el Estado cobre de forma distinta cuando una empresa no puede, o no quiere, medir cuánta agua contamina? El problema es fácil de entender: si nadie mide, nadie sabe cuánto se contamina realmente. Frente a ese escenario, el Congreso reformó la Ley Federal de Derechos y estableció una regla clara: si no es posible medir el volumen descargado, se cobrará con base en un promedio de descargas anteriores. En ese contexto, una empresa del sector acerero llevó esta regla a los tribunales argumentando que era injusta e inconstitucional porque, según sostuvo, no era proporcional ni razonable. En pocas palabras, afirmó que el Estado “cobraba a ciegas”. La sentencia es clara y, al mismo tiempo, tranquilizadora desde una per