Hace 52 años, el 14 de noviembre de 1974, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 4o. constitucional que estableció que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”. México se preparaba entonces para recibir la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, y con esa reforma la igualdad jurídica entre mujeres y hombres quedó escrita por primera vez en nuestra Constitución. Durante mucho tiempo se convivió con esa frase y con una realidad que la contradecía a diario, porque las mujeres seguían ganando menos por el mismo trabajo y cargando casi en solitario con los cuidados, mientras la violencia en su contra se trataba como un asunto privado. La igualdad ante la ley abrió la puerta, aunque por sí misma no garantizaba que pudieran cruzarla. A esa distancia entre lo que dice la norma y lo que viven las mujeres se le ha llamado la diferencia entre igualdad formal e igualdad sustantiva. La primera les reconoce los mismos derechos, y la segunda exige que el Estado actúe para que puedan ejerc
De la igualdad formal a la igualdad sustantiva
Hace 52 años, el 14 de noviembre de 1974, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 4o. constitucional que estableció que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”. México se preparaba entonces para recibir la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, y con esa reforma la igualdad jurídica entre mujeres y hombres quedó escrita por primera vez en nuestra Constitución. Durante mucho tiempo se convivió con esa frase y con una realidad que la contradecía a diario, porque las mujeres seguían ganando menos por el mismo trabajo y cargando casi en solitario con los cuidados, mientras la violencia en su contra se trataba como un asunto privado. La igualdad ante la ley abrió la puerta, aunque por sí misma no garantizaba que pudieran cruzarla. A esa distancia entre lo que dice la norma y lo que viven las mujeres se le ha llamado la diferencia entre igualdad formal e igualdad sustantiva. La primera les reconoce los mismos derechos, y la segunda exige que el Estado actúe para que puedan ejerc