El derecho del Estado a castigar

Todas las penas y medidas de seguridad constituyen restricciones a los derechos fundamentales. Cuando un juez ordena detener a una persona y la policía ejecuta la orden de aprehensión, por ejemplo, están privando a una persona de su derecho a la libertad. El problema es cómo justificar ese acto de autoridad. Se puede argumentar, desde el punto de vista moral, que la ley que lo permitió es justa. Otra visión parte de una justificación jurídica, señalando que el contenido de la ley en que se apoyó la policía es válida. Existe también una justificación política, en este caso la ley es legítima por que la creó el órgano legislativo que nos representa. Y, finalmente, una justificación instrumental que depende de la eficacia de la acción legislativa en términos de sus resultados. Se trata de cuatro diferentes discursos independientes para legitimar la exclusividad del Estado en la aplicación de las penas. La justificación moral de las leyes penales es una opción racional. Ésta radica en que las prohibiciones o ma