El precio de la prisa

Hay reformas que se explican por su contenido y otras por el clima político que las empuja. Las anunciadas esta semana al Código Nacional de Procedimientos Penales pertenecen claramente al segundo grupo. Surgen en un contexto de presión social, violencia persistente y expectativas de resultados inmediatos. Ese entorno ayuda a entender el impulso, pero no lo justifica. El anuncio llegó acompañado de la promesa de parlamento abierto. Esa sola idea merece respaldo, siempre que se asuma con seriedad. Lo que se ha puesto sobre la mesa no es un retoque menor, sino un paquete de cambios que inciden en el corazón del modelo acusatorio. La reserva de identidad de personas juzgadoras, la ampliación de supuestos de flagrancia, el reforzamiento de esquemas de prisión preventiva y la reducción de plazos procesales forman un conjunto que debe analizarse de manera integral, con calma y con método. Es fundamental partir de una premisa clara. Proteger a juezas y jueces es una obligación del Estado. Los riesgos que enfrent