En legítima defensa

Dice la Constitución, manual de lectura para gobernantes, que las autoridades deben garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Lo mismo asegura la Convención Americana sobre Derechos Humanos (otro manual), vigente en México. En consecuencia, ese deber figura entre las obligaciones de un gobernante demócrata, comprometido con lo que todavía se llama Estado de Derecho. El gobernante debe garantizar que no se sufra afectaciones indebidas por obra de la misma autoridad obligada a brindar protección. Pero ahora se marcha en otra dirección. Se dirá —como es costumbre— que así ocurrió antes. Que se diga, pero hay que ir hacia adelante. Hoy hoy que hablar de hoy, sin elusiones, desviaciones o endoso de facturas al pasado. Hoy, cuando quien debe defender se ocupa en ofender o dejar a la intemperie. Y con ello obliga a emprender la defensa. Este problema queda a la vista, una vez más (entre mil), cuando se mira la acometida que sufre el sector académico. Últimamente se impuso de nuevo la presión sobre el CIDE