Energía, hidrocarburos y licencias municipales

La controversia constitucional es el medio de control que permite a la Suprema Corte resolver conflictos entre autoridades cuando existe duda sobre quién puede regular o intervenir en una materia. Su finalidad es asegurar que cada nivel de gobierno actúe dentro de sus competencias y que las decisiones públicas se apeguen al marco constitucional. En los últimos meses, en la Nueva Corte han analizado diversas controversias entre la Federación y varias entidades federativas relacionadas con leyes de ingresos municipales. Estas normas —que determinan de dónde provienen los recursos municipales y cuánto puede cobrarse— autorizaron a algunos ayuntamientos a cobrar por expedir licencias de construcción o funcionamiento directamente vinculadas con actividades de la industria eléctrica y de hidrocarburos. En términos sencillos, algunos municipios pretendían cobrar por permitir la operación de subestaciones eléctricas o la construcción de infraestructura para hidrocarburos. El Tribunal Pleno ha resuelto más de 14 as