La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al Gobierno de Estados Unidos, a tres hombres requeridos por distintas Cortes por su probable responsabilidad en diversos delitos. En el primero caso, Francisco Moreno es requerido por la Corte Superior del Estado de California para el condado de Los Ángeles, por los delitos de homicidio, terrorismo callejero, portación de arma de fuego, tentativa de secuestro, secuestro y asociación delictuosa. El 19 de marzo de 2010, Moreno fue asociado a la pandilla "Pacoima 13", quien junto con otros miembros del grupo delictivo se dirigieron al bosque "Angeles National Forest", en Los Ángeles, y golpearon a un hombre que el reclamado sospechaba lo había delatado con la policía acerca de un arma que supuestamente tenía escondida en su auto. En la segunda extradición, Rafael González fue solicitado por la Corte de Distrito del Condado de Luzerne, Pensilvania, por los delitos de homicidio, lesiones graves, violación y amenazas. En 2011, González obligó a una
Entregan a EE. UU. a tres personas en extradición
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al Gobierno de Estados Unidos, a tres hombres requeridos por distintas Cortes por su probable responsabilidad en diversos delitos. En el primero caso, Francisco Moreno es requerido por la Corte Superior del Estado de California para el condado de Los Ángeles, por los delitos de homicidio, terrorismo callejero, portación de arma de fuego, tentativa de secuestro, secuestro y asociación delictuosa. El 19 de marzo de 2010, Moreno fue asociado a la pandilla "Pacoima 13", quien junto con otros miembros del grupo delictivo se dirigieron al bosque "Angeles National Forest", en Los Ángeles, y golpearon a un hombre que el reclamado sospechaba lo había delatado con la policía acerca de un arma que supuestamente tenía escondida en su auto. En la segunda extradición, Rafael González fue solicitado por la Corte de Distrito del Condado de Luzerne, Pensilvania, por los delitos de homicidio, lesiones graves, violación y amenazas. En 2011, González obligó a una