Derivado de una demanda presentada en 2023 por las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (CDMX) resolvió en febrero pasado un juicio de amparo y ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia. En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que en su fallo, el Juzgado estima una brecha aproximada de 853 folios del CFRI que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad. También reclama la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, incumpliendo el Decreto Presidencial de 2018, que obliga a las dependencias federales a colab
Exigen a Defensa entregar documentos faltantes
Derivado de una demanda presentada en 2023 por las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (CDMX) resolvió en febrero pasado un juicio de amparo y ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia. En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que en su fallo, el Juzgado estima una brecha aproximada de 853 folios del CFRI que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad. También reclama la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, incumpliendo el Decreto Presidencial de 2018, que obliga a las dependencias federales a colab