Juzgar lo juzgado

Juana Hilda González Lomelí fue detenida en enero de 2006 y arraigada hasta abril de ese año cuando la entonces Procuraduría General decidió ejercer acción penal en su contra. Después de los meses de arraigo, Juana Hilda presentó una declaración en la que confesaba ser parte del grupo que secuestro a Hugo Alberto Wallace en 2005. Esa declaración fue la principal prueba para encarcelarla. Durante 19 años y 5 meses Juana Hilda impugnó la legalidad de su proceso, alegando tortura y el uso de pruebas falsas. Las autoridades, sin embargo, se negaron a investigar su caso. En junio de este año, después de casi 20 años de prisión, la SCJN ordenó su liberación. En la resolución, la Corte señala que la confesión de Juana Hilda no tiene valor, pues fue obtenida con presión, intimidación y amenazas, en el contexto del arraigo. Y, sin esta prueba, el Estado no tenía suficiente evidencia en su contra. Con la sentencia de liberación, como señala el Instituto Federal de Defensoría Pública, la Corte determinó que “las vio