La Corte no puede invalidar la Constitución

La intervención de la Secretaría de Gobernación en defensa de la prisión preventiva oficiosa (PPO) señalando que suprimirla permitiría la liberación de 68 mil procesados ha vuelto a encender la polémica sobre la posibilidad de que la Corte llegue a incurrir en un desacato a la Constitución. Corresponde al Poder Judicial resolver esos juicios, cuya prolongación efectivamente viola derechos humanos, y no retrasarlos abriendo las vías para revisar cada uno, lo que concluiría en la liberación de acusados por delitos muy graves o bien en la ratificación de la reclusión, ahora dictada por un juez. Eso no resuelve el problema de fondo, pero creará otros como mayor retraso de los procesos empantanados por incidentes de libertad; gran presión de las víctimas sobre los jueces; de la sociedad que pedirá preservar la medida cautelar e incluso del crimen organizado que buscará liberar a sus miembros. La eliminación de la PPO, por parte de la Corte constituiría un error de consecuencias negativas prácticas y teóricas de