La extorsión es una de las expresiones más visibles del poder criminal en México. No siempre deja sangre, pero siempre deja miedo. Es la llamada que detiene el pulso, el cobro de piso que vacía negocios y la amenaza que se cumple cuando no se paga. En cada caso hay una historia de sometimiento, impotencia y una pérdida colectiva, la del Estado que abdica de su deber de proteger. El escenario cambió. Ya existe una iniciativa formal de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. El documento, presentado en la Cámara de Diputados y publicado en la Gaceta Parlamentaria del 20 de octubre, marca un punto de inflexión. México pasa de la dispersión normativa a la construcción de un marco nacional coherente, con sanciones homogéneas y una definición unificada del delito. El corazón de la propuesta es claro. Se crea un tipo penal básico aplicable en toda la República, con sanciones que van de seis a quince años de prisión
La cuenta regresiva contra la extorsión
La extorsión es una de las expresiones más visibles del poder criminal en México. No siempre deja sangre, pero siempre deja miedo. Es la llamada que detiene el pulso, el cobro de piso que vacía negocios y la amenaza que se cumple cuando no se paga. En cada caso hay una historia de sometimiento, impotencia y una pérdida colectiva, la del Estado que abdica de su deber de proteger. El escenario cambió. Ya existe una iniciativa formal de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. El documento, presentado en la Cámara de Diputados y publicado en la Gaceta Parlamentaria del 20 de octubre, marca un punto de inflexión. México pasa de la dispersión normativa a la construcción de un marco nacional coherente, con sanciones homogéneas y una definición unificada del delito. El corazón de la propuesta es claro. Se crea un tipo penal básico aplicable en toda la República, con sanciones que van de seis a quince años de prisión