La historia que puso un alto a la revictimización

La tarde del miércoles la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la llamada "Ley Ingrid", que sanciona con penas de 100 a 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión a servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, videograben, reproduzcan y difundan evidencia relacionada con una víctima cuya investigación penal se esté llevando a cabo. Dicha iniciativa, que plantea reformar el artículo 225 del Código Penal Federal, fue turnada al Senado de la República para su discusión y aprobación. Además esta reforma tiene como antecedente el feminicidio de Ingrid Escamilla, joven que fue desollada por su pareja y cuyas imágenes del crimen fueron filtradas y difundidas en los medios de comunicación. El caso, que no ha podido concluir debido a deficiencias, ahora de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, sentó un precedente para legislar que se sancione a funcionarios públicos que capten y difundan material gráfico, audiovisual o de otra índole que revictimice a las víctimas de algún delito. ¿Qué le