La infancia reclutada que el Congreso no nombró

Hay omisiones que en política pesan tanto como una decisión equivocada. Y hay silencios legislativos que terminan convirtiéndose en una forma de abandono. Mientras México sigue acumulando historias de niñas, niños y adolescentes atrapados por el crimen organizado —convertidos en halcones, mensajeros, transportadores, vigilantes, sicarios o simplemente en carne de cañón de una guerra que nunca eligieron—, la Cámara de Diputados perdió la oportunidad de llamar las cosas por su nombre. El pasado 4 de marzo se aprobó una reforma que pudo haber marcado un antes y un después en la protección de la infancia en este país: reconocer jurídicamente el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado como un delito autónomo, visible y plenamente identificado. Pero no ocurrió. En lugar de crear una figura penal específica, se decidió agregar unas líneas al delito de “corrupción de menores”, una figura jurídica creada en 1966 para responder a otras violencias, otros contextos y otro país. Es de