Lenta transparencia

Más de año y medio después del plazo establecido por la reforma constitucional de transparencia de 2014, finalmente un grupo plural de senadores presentó hace unos días una iniciativa de Ley General de Archivos (LGA). Es grave el retraso, pero es más grave su carácter regresivo en materia de documentos históricos. Con el pretexto de proteger los datos personales, se pretende restringir el acceso a archivos históricos que deben ser fuentes de acceso público, porque conforman nuestra memoria histórica. La LGA es indispensable para respaldar los altos estándares de transparencia fijados por la Ley General de Transparencia, al establecer reglas comunes para contar con archivos gubernamentales bien ordenados, clasificados y depurados y, gracias a ello, fácilmente localizables, en los tres niveles de gobierno. Sin archivos bien administrados y a la mano, la transparencia es una ficción. La LGA regula archivos administrativos e históricos y mientras los primeros dan cuenta del quehacer público gubernamental actual