Ley General de Educación Superior: ¿ruptura o continuidad?

La elevación a derecho constitucional de la educación superior es un logro importante que refleja una de las demandas más sentidas en la sociedad, por ello formó parte de las reformas a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución; que en espíritu buscaban el cumplimiento de un derecho social, y el Estado asumiéndolo como obligación. Para garantizar estos cambios, el siguiente paso requería modificaciones en las leyes secundarias, la expectativa era una ruptura con las políticas educativas neoliberales, la apertura a diálogos y participación social, que no es cosa menor si se dimensiona el impacto de la exclusión educativa en las últimas décadas, caracterizado por falta de financiamiento, reducción presupuestal, plantas docentes precarizadas, restricciones de ingreso para miles de jóvenes al nivel superior. Aunque a decir de sus promotores la ley se construyó a partir de una gran consulta, en realidad se diseñó con las aportaciones e incidencia de la ANUIES, de los sectores empresariales como el Consejo Coord