Ni aritmética ni sentido común

El 30 de agosto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el “Modelo Óptimo de la Función Policial”, un documento de monitoreo para la homologación de las policías estatales mediante 10 indicadores. Sin embargo, este “modelo” presenta varias deficiencias, empezando por el hecho de publicarse al final del sexenio cuando, en todo caso, debió ser presentado al inicio del gobierno. De hecho, uno supondría que, a estas alturas, deberían hacer un análisis crítico sobre el desastre que dejan. En todo caso, no es propiamente un “modelo”, sino una serie de requisitos, algunos ya contemplados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tampoco es obligatorio, al no considerarse para la asignación anual de recursos federales para la seguridad en los estados. Y tampoco se entiende el por qué se excluyen del “modelo” a otras policías, como las municipales o la Policía Federal. Son diversas las críticas que pudieran formularse, pero me centraré en uno de los requisitos, denominado “estado de fuerza