La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien pretendía obtener una indemnización por daño moral de la Secretaría del Trabajo, quien difundió información sobre su situación laboral y legal. Los ministros del alto tribunal concluyeron que el derecho a la información obliga a las autoridades a hacer pública toda aquella información que sea considerada de interés público, y que pueda trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas. Asimismo, determinaron que el caso Gómez Urrutia constituía un tema de relevancia pública, en el que se encontró justificada la difusión de la información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En 2008, la dependencia negó la toma de nota a Gómez Urrutia, en virtud de que este no había acreditado tener una relación laboral mínima de cinco años, se encontraba fuera del país y existían averiguaciones previas en su contra. Dichas averiguaciones por los delitos de administració
Niegan amparo a Gómez Urrutia
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien pretendía obtener una indemnización por daño moral de la Secretaría del Trabajo, quien difundió información sobre su situación laboral y legal. Los ministros del alto tribunal concluyeron que el derecho a la información obliga a las autoridades a hacer pública toda aquella información que sea considerada de interés público, y que pueda trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas. Asimismo, determinaron que el caso Gómez Urrutia constituía un tema de relevancia pública, en el que se encontró justificada la difusión de la información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En 2008, la dependencia negó la toma de nota a Gómez Urrutia, en virtud de que este no había acreditado tener una relación laboral mínima de cinco años, se encontraba fuera del país y existían averiguaciones previas en su contra. Dichas averiguaciones por los delitos de administració