No pudieron defender lo indefendible

Ningún Estado moderno, constitucional, democrático y de derecho, puede tolerar el dispendio del dinero público, sueldos o pensiones que resulten escandalosamente desproporcionadas. De ahí que lo que antes se normalizó y legalizó, hoy a los ojos de una nueva realidad resulta inaceptable, debido a que entraña una injusticia, rompe con la equidad y exhibe prácticas indeseables. La reforma enviada al Congreso de la Unión por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y aprobada en el Senado de la República cumple de nuevo con un compromiso, reafirmando la congruencia con la que se han manejado los recursos públicos. Eliminar las pensiones millonarias de exservidores públicos significa consolidar el Estado de bienestar, regenerar la vida pública, transitar por la ruta de la economía moral y avanzar hacia la construcción de una República con salarios justos y pensiones dignas, bajo criterios de justicia social y equidad. Poner fin a los privilegios pensionarios implica asumir plenamente el mandato de