El pasado 20 de mayo, un grupo de manifestantes encabezado por un gobernador desfiló frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzando acusaciones de corrupción a diestra y siniestra. La comitiva de protesta se distinguió sombríamente al cargar ataúdes rematados con los retratos de algunas ministras y ministros. No es la primera vez que esto sucede: el 18 de marzo de este mismo año manifestantes reunidos en la plaza de la Constitución quemaron una efigie de la ministra presidenta Norma Piña. Simultáneamente, se ha planteado la posibilidad de impulsar una reforma a la SCJN que incluya la elección por sufragio de sus integrantes, al tiempo que se estigmatiza a las y los jueces que emiten fallos contrarios a las pretensiones del Ejecutivo Federal. La ciudadanía puede con facilidad replicar y secundar estas posturas, cansada de una impunidad que no se revierte y proclive —mayoritariamente— a caer en el engaño de que esta condición es responsabilidad de los poderes judiciales y no de las fiscalías
Reivindicar la labor judicial
El pasado 20 de mayo, un grupo de manifestantes encabezado por un gobernador desfiló frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzando acusaciones de corrupción a diestra y siniestra. La comitiva de protesta se distinguió sombríamente al cargar ataúdes rematados con los retratos de algunas ministras y ministros. No es la primera vez que esto sucede: el 18 de marzo de este mismo año manifestantes reunidos en la plaza de la Constitución quemaron una efigie de la ministra presidenta Norma Piña. Simultáneamente, se ha planteado la posibilidad de impulsar una reforma a la SCJN que incluya la elección por sufragio de sus integrantes, al tiempo que se estigmatiza a las y los jueces que emiten fallos contrarios a las pretensiones del Ejecutivo Federal. La ciudadanía puede con facilidad replicar y secundar estas posturas, cansada de una impunidad que no se revierte y proclive —mayoritariamente— a caer en el engaño de que esta condición es responsabilidad de los poderes judiciales y no de las fiscalías