Por mayoría de votos, la Suprema Corte declaró la invalidez de las reformas legales impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo para que la Sedena tuviera un control total sobre la Guardia Nacional. La Corte determinó que la Sedena no puede controlar operativa y administrativamente a la Guardia Nacional porque le quita el carácter civil y policial que debería tener (aunque se sabe que la mayoría del personal de la Guardia y de sus altos mandos son militares). Sin embargo, es importante que la Corte haya ejercido un contrapeso y haya puesto un freno a la cada vez más poderosa e impune Sedena. Por fortuna, la mayoría de las y los ministros no coincidieron con el ministro Arturo Zaldívar y determinaron que la militarización no es cualquier cosa. Hay que recordar que el miércoles pasado al pronunciarse por la validez de las reformas que entregaron el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, al debatir en la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad 137/2022, la p
Un poder judicial comprometido con la paz
Por mayoría de votos, la Suprema Corte declaró la invalidez de las reformas legales impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo para que la Sedena tuviera un control total sobre la Guardia Nacional. La Corte determinó que la Sedena no puede controlar operativa y administrativamente a la Guardia Nacional porque le quita el carácter civil y policial que debería tener (aunque se sabe que la mayoría del personal de la Guardia y de sus altos mandos son militares). Sin embargo, es importante que la Corte haya ejercido un contrapeso y haya puesto un freno a la cada vez más poderosa e impune Sedena. Por fortuna, la mayoría de las y los ministros no coincidieron con el ministro Arturo Zaldívar y determinaron que la militarización no es cualquier cosa. Hay que recordar que el miércoles pasado al pronunciarse por la validez de las reformas que entregaron el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, al debatir en la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad 137/2022, la p