¿Vetado en secreto?

Imagine que usted decide competir por una presidencia municipal. Cumple cada requisito que la ley exige, obtiene el respaldo de su partido, firma su conformidad para ser evaluado por una comisión que acaba de crearse dentro del INE. Días después le informan que representa «riesgo razonable». Nadie le explica por qué, nadie le muestra el expediente, nadie le da la oportunidad de decir una sola palabra en su defensa. Su partido lo baja. No hubo acusación, no hubo juicio, no hubo condena. Solo esas dos palabras, y su vida política terminó antes de comenzar. Eso es lo que puede ocurrir si el Congreso aprueba la iniciativa que propone crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE; y, si bien, el debate público se ha centrado en si ese organismo debe o no asumir esa tarea, en si es una medida legítima o un instrumento político, hay una dimensión más profunda que ese debate, hasta ahora, no ha tocado: ¿puede el Estado mexicano afectar el derecho político fundamental de una persona c