Exponen conductas de violencia contra mujeres

El Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas dio a conocer algunas de las conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género, conforme a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 20.

A unos cuantos meses del día de la jornada electoral, el Observatorio informó que algunas conductas que son atribuibles a este delito son: incumplir disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, restringir el derecho al voto libre y secreto de las mujeres u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género.

También: ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades, proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones y proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso.

Además, realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales.

Del mismo modo, difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su imagen o limitar o anular sus derechos; asimismo, divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género.

Por último, ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos, limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualad y obligar a una mujer mediante fuerza, presión o intimidación a suscribir documentos o avalar decisiones contrariadas a su voluntad o la ley.