¿Cuántas reformas necesita la Constitución?

Existen muchos estudios que se han ocupado del Derecho Constitucional en México y la organización institucional de las diferentes realidades del país. Definir el modelo político, establecer los límites del poder y garantizar a todos el ejercicio de sus libertades, es una misión compleja y, a veces, imposible de lograr. El problema radica, a mi juicio, en encontrar el equilibrio entre la esencia de los mexicanos y nuestro proyecto de nación. 

Octavio Paz daba un ejemplo: «a veces las formas nos ahogan. Durante el siglo pasado los liberales vanamente intentaron someter la realidad del país a la camisa de fuerza de la Constitución de 1857. Los resultados fueron la Dictadura de Porfirio Díaz y la Revolución de 1910. En cierto sentido la historia de México, como la de cada mexicano, consiste en una lucha entre las formas y fórmulas en que se pretende encerrar a nuestro ser y las explosiones con que nuestra espontaneidad se venga».

El instrumento jurídico que más resultados ha dado a los mexicanos para hacer posible la vida en común sin lugar a dudas es nuestra Constitución, vigente desde 1917. Los acuerdos políticos, sociales, religiosos y económicos más importantes se han logrado mediante la objetivizacion de las normas jurídicas. Para que el Derecho pueda cumplir su función, se requiere el acuerdo o voluntad de la sociedad y una norma superior situada por encima del poder y del resto de las leyes.

La Constitución se ha reformado en numerosas ocasiones. Héctor Fix Zamudio escribió que los cambios a la Carta Magna se incrementaron en forma progresiva en cuanto el país pasó de un régimen apoyado fundamentalmente en la agricultura a otro basado en la industrialización debido a varios factores, entre ellos, el crecimiento acelerado de la población que se quintuplicó a partir de 1940, de 20 millones de habitantes en todo el país hasta llegar a los 120 millones en nuestros días. Al estudio del maestro habría que agregar ahora la llegada de la era digital y la revolución de las redes sociales.

Ejemplo del permanente reto por mantener vigente el Derecho son las iniciativas que buscan actualizar las herramientas legales a la cambiante realidad social. En la exposición de motivos de la propuesta de reforma al artículo 17 constitucional, presentada por el senador Ricardo Monreal el pasado 2 de septiembre, se menciona que «en las últimas décadas se han dado avances hacia el gobierno electrónico, que básicamente consiste en la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para facilitar la gestión, administración, el acceso a servicios y trámites ante las dependencias de la administración pública, órganos de gobierno y poderes públicos en los tres órdenes de gobierno”. 

El objetivo es garantizar el acceso a la justicia efectiva a través de la firma electrónica. Se pretende agilizar el procedimiento jurisdiccional desde su inicio hasta la última actuación y se identifica un problema de armonización de las leyes en la justicia local que puede resolverse con la reforma. Lejos de ser una iniciativa aislada, los estudiosos del Derecho nos encontramos con propuestas similares con mucha frecuencia en ámbitos tan variados como el administrativo, el mercantil, la regulación de sectores estratégicos o la impartición de justicia. 

No cabe duda que uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan los legisladores al momento de reformar la Constitución es, por un lado, respetar los fundamentos de nuestra convivencia, mantener la estabilidad y paz social, y por otro, impulsar la adaptación de la Constitución para no quedarse desconectada de la realidad. Este hecho lo identificó James Madison cuando se estaba redactando la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787. El dilema, señalaba, consiste en encontrar un sistema que proteja por igual contra la facilidad extrema, que haría a la Constitución demasiado variable, y contra la exagerada dificultad, que perpetuaría sus defectos manifiestos. Por ello, nunca será sencillo responder la cuestión: ¿Cuántas reformas necesita nuestra Constitución?