En el contexto internacional, nuestro país presenta un importante rezago en la cobertura de educación superior, por ello, desde la ANUIES se ha manifestado el beneplácito por la reforma constitucional en materia educativa. El Artículo 3º establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior como compromisos del Estado mexicano.
Frente a este reto, las instituciones de educación superior deben prepararse para atender a un creciente número de alumnos con servicios educativos de calidad, pertinencia y equidad, al tiempo en que se despliega un conjunto de políticas de nueva generación para disminuir las brechas interestatales e igualar las oportunidades de ingreso de los jóvenes para generar mayores capacidades científicas, técnicas y humanísticas en las distintas regiones del país.
Será necesario construir un gran acuerdo nacional para fortalecer el sistema público de educación superior, atendiendo los principios y propósitos derivados de la reforma constitucional, lo que contribuirá a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y próspera. Para avanzar en este propósito, las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Educación; de Ciencia, Tecnología e Innovación; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, así como las Comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Cámara de Senadores, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación y la ANUIES, convocaron al Encuentro nacional para el fortalecimiento de la educación superior el 29 y 30 de octubre pasado con la participación de autoridades educativas, diputados, senadores, titulares de instituciones públicas de educación superior de los diversos subsistemas, académicos y representantes de sindicatos universitarios.
Los participantes coincidieron en que la educación superior constituye un bien público, un derecho humano universal y un deber del Estado. Bajo estas condiciones, la experiencia mundial demuestra que la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, son factores estratégicos para la prosperidad de las naciones, para la reducción de las desigualdades sociales y para el bienestar de las personas.
Para cumplir con estos propósitos, estamos convencidos que se requieren compromisos de todos los actores involucrados en la educación superior. De manera específica, las instituciones deberán revisar e innovar sus procesos sustantivos y de gestión para lograr una mayor contribución al desarrollo de su entorno social.
De igual manera, será necesario que el Presupuesto de Egresos para 2020 y los subsecuentes, incluyan el fondo federal al que se refiere el Transitorio Decimoquinto del Decreto de la reforma publicada el 15 de mayo, así como los recursos públicos para el fortalecimiento de las instituciones de educación superior, ya que ahora más que nunca, estas instituciones requieren fortalecerse ante los nuevos retos.
Preocupa de manera especial, el hecho que la mayoría de estas casas de estudio operan con algún nivel de déficit producto del rezago presupuestal acumulado en años, justo cuando deberán ampliar su matrícula, lo que las obligará a contratar más personal, diversificar su oferta educativa, innovar sus modelos educativos, ampliar sus servicios e infraestructura.
Ante esta realidad, resulta indispensable dotar a la educación superior de los recursos presupuestales necesarios para impulsar su crecimiento y desarrollo mediante un nuevo modelo de financiamiento con visión de Estado que dé certeza presupuestal y permita a las instituciones de educación superior planear su crecimiento en el mediano y largo plazos.