Basura, TGZ y Veolia

Me da mucha tristeza que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez esté viviendo ahora mismo un grave problema de recolección de basura por un conflicto entre las autoridades municipales y los directivos de la empresa Veolia -antes Proactiva-.

No sabemos a ciencia cierta cuál de las dos partes, autoridad o empresa, tienen la responsabilidad completa de las deficiencias en la recolección de desechos en la ciudad capital, pero hoy los montones de basura siguen apareciendo en medio de las esquinas de las calles durante tiempos prolongados, con las consecuencias que cualquiera pudiera imaginar: pésima imagen frente a propios y extraños, y riesgos sanitarios porque la basura orgánica queda expuesta al aire libre durante mucho tiempo.

Las autoridades municipales han establecido medidas emergentes para tratar de disminuir ese problema, pero nunca serán suficientes.

Es preciso recordar que Proactiva se presentó ante las autoridades municipales de aquella época -2005 o 2006- como una empresa franco-española y logró una concesión por 20 años del servicio de limpia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, el cual está vigente y va a terminar hasta el 2026.

Se trató de una coinversión privada-pública por 164.3 millones de pesos en total.

Según fuentes oficiales, esa suma fue distribuida de la siguiente manera: el gobierno federal colaboró con el 38% de esa cantidad, consistente en 61.9 millones de pesos; el ayuntamiento capitalino de aquella época contribuyó con el 42% con 69.2 millones de pesos; y la entonces Proactiva proporcionó apenas el 20% de los recursos, es decir, 33.2 millones de pesos.

Los términos estipulados en el contrato decían que el ayuntamiento entregaría a Proactiva, en comodato, los terrenos para construir el relleno sanitario con alta tecnología y ésta, a cambio, se comprometió a comprar maquinaria y equipo, consistente en: 38 camiones recolectores, siete tractocamiones, siete barredoras automáticas, dos bandas de separación de basura para que la alcaldía tuviera ingresos por venta de papel, aluminio, plástico, pet, entre otros desechos utilizables.

Por lo que podemos ver, tal vez los términos del contrato tenían intenciones de beneficios mutuos.

Es decir, el ayuntamiento estaba proporcionando facilidades a la empresa referida, la propia alcaldía estaría siendo beneficiada también y, por ende, los ciudadanos del municipio capitalino estaríamos siendo favorecidos con un servicio óptimo y eficaz de recolección de basura. Hasta ahí las cosas irían bien.

Pero resulta que la empresa no ha cumplido satisfactoriamente con los ofrecimientos estipulados en el contrato, firmado en aquella fecha y esa circunstancia se ha mostrado a lo largo de todas las administraciones municipales anteriores.

Muchos sabemos que ese problema ha llevado a enfrentar a las autoridades municipales con directivos de la empresa.

No ha habido nunca, desde el inicio de esa concesión, un servicio de recolección de basura eficiente y no se han visto suficientes camiones.

No sabemos a ciencia cierta quién dice la verdad. La empresa acusa al ayuntamiento que le adeuda varios millones de pesos por conceptos estipulados en el Contrato. Pero, horas después, la alcaldía le responde que sí le ha estado depositando esos recursos. Ahí se quedan las dos versiones. Y nadie ha podido corroborar la verdad.

Lo único cierto es que los habitantes de Tuxtla Gutiérrez están padeciendo el problema con la suspensión del servicio de recolección de basura por parte de la ahora “Veolia”.

Ojalá que prevalezca la justicia para resolver ese conflicto. Que se aplique lo que dicten las leyes. Que se le dé la razón a quien la tenga en justicia. Pero que se castigue a quien esté incumpliendo con los conceptos pactados.

Esto necesariamente nos debería llevar a una reflexión profunda respecto a no permitir más que empresas de ese tipo participen como proveedoras de servicios públicos elementales de los ciudadanos.

Los cuales, por cierto, están garantizados en el artículo 115 de la Constitución General de la República.

Que no se repita la historia. Que no se castigue a los ciudadanos.

Nutrida participación

Faltan 28 días para el inicio de las campañas oficiales de proselitismo -iniciarán el 30 de marzo- y poco a poco están configurándose escenarios concretos.

Por ejemplo, hoy existe la percepción de que ésta será la elección presidencial más cara y con más alta votación registrada en el pasado reciente.

Especialistas pronostican una votación del 70 por ciento. Es decir, con una abstención de 30% en este 2018. Aunque debemos recordar que en 1994 el abstencionismo fue de 22.8 por ciento.

Estarán en competencia 3 mil 323 cargos, es la primera elección concurrente, con elecciones municipales, estatales, federales e intermedias al mismo tiempo.

Y con un ingrediente más: un activismo social inusitado en redes sociales, abiertas, libres y sin cortapisas.

Los mexicanos, en edad de votar, tendrán ante sí el 1 de julio próximo una inigualable oportunidad de decidir.

Otra área especializada

No existía una instancia especializada para investigar casos de personas desaparecidas. Pero, además, era un compromiso realizado ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia del país: crear una oficina especializada en ese tema.

Por esa razón, en recientes horas el fiscal general del Estado Raciel López Salazar anunció la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los delitos de Desaparición de personas y Desaparición cometida por particulares.

Ese trabajo ya era realizado en esa instancia de procuración de justicia pero por varias oficinas. Hoy el tema estará concentrado en una misma área. La intención es dar resultados más eficientes. Esperamos sea logrado ese propósito.

Un asunto difícil, porque muchas personas reportadas como desaparecidas terminan siendo ausencias voluntarias.

alexmoguels@hotmail.com