Elecciones 2018, la cacería impune
El asesinato impune de aspirantes a cargos de representación popular, se ha convertido en eventos de lo cotidiano en México.
Hasta la madrugada de este sábado 2 de junio, el número de víctimas sumaba 107, en lo que va del proceso electoral 2018, que tendrá su desenlace final el domingo 1 de julio.
Si ya de por sí la población de Juchitán, en el istmo oaxaqueño, se mantiene en el enojo, la angustia y desesperación por el abandono de que son objeto por la lentitud del gobierno estatal de Alejandro Murat, para canalizar los abundantes recursos federales destinados a la reconstrucción de las viviendas y escuelas afectadas, luego del terremoto del pasado septiembre, el atentado a balazos en contra de la candidata del PRI a concejal municipal, Pamela Itzamaray Terán Pineda, viene a crear un clima de mayor tensión social.
Las balas del grupo armado atacante, harían blanco también en su asesora de prensa María del Sol Cruz Jarquín y su chofer, cuyo nombre no fue revelado.
Horas antes, en el poblado de Jopala, Puebla, fueron también víctimas de la delincuencia organizada, Juana Maldonado, candidata del Partido Verde Ecologista de México, a diputada local por el Distrito Electoral 2, con cabecera en Huachinango, y la regidora Erika Cázares, del municipio de Juan Galindo.
Los crímenes fueron cometidos por un grupo armado, al término del acto de campaña de la abanderada del PVEM y la funcionaria municipal del mismo partido, en el poblado de Patla, localizado en las inmediaciones del río Necaxa.
Atentado contra jóvenes mujeres dedicadas al quehacer político, como parte del esquema de la equidad de género, que da oportunidad al sexo femenino a participar en las contiendas políticas más importantes en la historia del país.
Condenas respectivas de los líderes de los partidos PRI y PVEM, que junto con sus militantes han exigido a las autoridades estatales y federales, el pronto esclarecimiento de los asesinatos, así como la demanda de brindar protección a quienes llevan a cabo tareas de proselitismo en busca del voto popular.
Hasta ahí, el protocolo que igualmente se ha vuelto habitual, sin llegar a más, en cada uno de los casos de las pérdidas de vidas de quienes han sucumbido de manera indefensa ante las balas disparadas en su contra por intereses demasiado perversos.
Una escalada imparable de violencia, en la que han caído tanto mujeres como hombres, tan intensa, que las autoridades municipales, estatales y federales, se han visto capaces para esclarecer tan abultado número de víctimas mortales.
Historias coincidentes de lo que podría interpretarse como “ajusticiamientos” por parte de grupos comandos de sicarios, que aprovechan la ausencia de dispositivos de seguridad de los candidatos para cometer sin obstáculos sus actos criminales.
Violencia de género, cuando los aspirantes a la Presidencia de la República, apenas se han comprometido en actos de campaña a poner fin a este tipo de ilícitos cometidos en general contra las mujeres y especialmente a la de tipo política que involucra a candidatas.
Enterado de los acontecimientos adversos a sus partidarias pertenecientes a la Coalición PRI-PVEM y PANAL, que de paso agravan la zozobra entres quienes participan en la contienda electoral 2018, declararía que “yo estoy con la justicia y el estado de Derecho”, al tiempo que advertía que en su gobierno no habrá amnistía para criminales.
Acontecimientos por demás negativos para la imagen de México en el mundo, que en el pasado mes de abril provocaría en la Organización de Estados Americanos, una alerta en territorio mexicano, por los asesinatos de políticos en campaña, al registrarse en promedio un asesinato de precandidatos y candidatos, cuatro o cinco días de septiembre de 2017 a mayo de 2018.
Un recuento realizado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el que se precisa que la mayoría de las agresiones se han concentrado en contra de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, seguido de los aspirantes del PRD y PAN. Hasta ahora la temporada más sangrienta había sido durante los días de navidad, pero conforme se acerca la fecha del día de los comicios en que se elegirán 18 mil 300 cargos federales y locales, la cifra se ha acrecentado peligrosamente.
Definición del proceso, como la antesala de elecciones sangrientas en México, por el elevado número de víctimas de políticos, mujeres y hombres que han perdido la vida durante sus campañas en la búsqueda del voto ciudadano.
Estimaciones de que comparativamente con el proceso electoral de 2015, el número de asesinatos ha aumentado hasta ahora porcentualmente en un 385 por ciento, afectando más a los ungidos de las entidades de las costas del Océano Pacífico.
Otro de los más recientes atentados, ha sido el de Rodrigo Salado Agatón, candidato a regidor por el PRI, en el municipio de San Marcos, Guerrero, quien fuera acribillado a balazos mientras realizaba una visita al puerto de Acapulco. Emboscada y ejecución, los primeros indicios encontrados por la Fiscalía estatal, cuando viajaba a bordo de un automóvil compacto, aproximadamente a las tres de la tarde.
De acuerdo con las investigaciones oficiales, se tiene conocimiento de que han habido también no solamente amenazas de muerte contra aspirantes a cargos públicos, sino de igual forma hacia políticos de diversos partidos, lo que hace establecer presunción de que el crimen organizado pudiera estar detrás de los atentados para crear un ambiente de zozobra previo al 1 de julio.
La delincuencia organizada ha llegado al extremo de hacer pública en determinado momento su simpatía o rechazo por un candidato, lo cual en el estado de Guerrero ha llevado a la intervención directa del obispo Salvador Rangel, de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, con los capos de narcotráfico de la Región de influencia de su apostolado, para pactar con ellos una tregua y frenar los asesinatos de los políticos locales en campaña.
Diálogo en Viernes Santo de la Semana Mayor, con los líderes del narco en la sierra guerrerense, donde desde septiembre hasta finales de marzo de 2018, habían sido ejecutados a balazos 12 aspirantes a alcaldes.
Alto jerarca conocedor de la poderosa influencia que incide en la inestabilidad social que se vive por la inseguridad propiciada por las armas del narcotráfico, que según sus propias palabras le hicieron tomar la decisión de viajar a la montaña para poner paz en el infierno impuesto por quienes con las armas en las manos han impuesto su ley, como defensa del cultivo de amapola, su sustento y actividad principal.
Clima de terror en la vida política no únicamente de Guerrero, sino de otras entidades de la república, principalmente por el imperio de la narcoviolencia, según las versiones derivadas de las investigaciones policíacas.
El obispo Rangel, aprovecharía la coyuntura de una reunión con el capo de la droga en la región, para agradecerle que hubiera ordenado el restablecimiento del suministro del agua al municipio de Pueblo Viejo, lo cual le dio margen para tratar la posibilidad de una tregua a favor de los políticos locales.
Días después de su reunión, declararía a los medios de comunicación en la ciudad capital de Guerrero: “Quise hablar con ellos para que no hubiera más asesinatos a candidatos y me prometieron que iban a evitar eso, que iban a dejar una elección libre para que lo que prevalezca sea la elección del pueblo”.
Explicaría que a cambio del compromiso, le pusieron condiciones: “Que ellos no utilizaran el dinero para comprar votos y que una vez que pasen las elecciones, los ganadores cumplan con sus compromisos”. Lo que ellos piden es que haya un voto libre, razonado y secreto. Nada más”.
La intervención del prelado causaría gran revuelo e incluso críticas gubernamentales de orden federal, al involucrar la actividad pastoral con la del crimen organizado. Pero la parte medular de su visita a la zona serrana, fue para demandar a los jefes del narco guerrerense, un alto a las agresiones hacia los miembros del clero, pues en febrero, dos de los sacerdotes de la Diócesis de Chilpancingo, habían sido ejecutados por sicarios.
Pero se preguntaría: “¿Quién es el narco en Guerrero? Es la gente. La mayoría de sacerdotes tratamos con ellos. Es imposible cerrar los ojos, todos nos conocemos”.
No obstante, el compromiso ha sido de palabra, por lo que la violencia no solamente ha continuado contra los candidatos, sino contra quienes investigan sus asesinatos, como quedaría asentado en el inicio de mayo, precisamente en el estado de Guerrero, cuando tres miembros del Ejército Mexicano murieron al ser emboscados, al apoyar a la Fiscalía estatal en la investigación del atentado contra el aspirante a diputado y alcalde con licencia, Abel Montúfafr Mendoza, del PRI.
Hasta ahora Chiapas se ha mantenido al margen de esta espiral delictiva, a diferencia de aquellos estados donde se han suscitado más episodios de violencia, como Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Colima Nayarit, con la mitad de los atentados en el país, seguidos de Puebla, estado de México, Hidalgo y Guanajuato, ésta última entidad que se ha convertido en la segunda de mayor riesgo, con 25 asesinatos de aspirantes, del 8 de septiembre de 2017 al 26 de mayo de 2018.
Un clima electoral no deseable para un país inmerso desde la década pasada en la violencia ya de por sí impune, que adquiere en los días previos a la elección, matices alarmantes que seguramente afectarán la emisión de sufragios de 89.1 millones de mexicanos registrados en el Padrón Electoral del Instituto Nacional de Elecciones, para designar Presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, además de alcaldes y sus ayuntamientos.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.