La otra Frontera Sur
Desde hace una década, en este espacio hemos comentado acerca de situaciones de alto riesgo que se han venido gestando en esta Frontera Sur de México, y advertíamos que la aparente calma observada, podría desencadenar en el corto plazo un clima de violencia e inseguridad.
No pasa nada, hasta que pase, era el pronóstico. Y ha empezado a ocurrir con niveles que mantienen en estado de alarma y zozobra a la población de Tapachula y los municipios circunvecinos que limitan con Guatemala, separados por el río Suchiate o por las faldas del volcán Tacaná, un coloso de cuatro mil 100 metros de altura.
Hasta ahora poco caso se han hecho a las llamadas y demandas de auxilio de los casi dos millones de habitantes de los municipios de la Región Soconusco, tanto al gobierno federal como estatal, para instrumentar lo necesario y enfrentar de manera frontal, coordinada y radical, a un crimen organizado que gradualmente ha dado muestra de su poder sustentado en las armas, mediante ejecuciones, secuestros, robos, asaltos, extorsiones, contrabando, tráfico de estupefacientes, trata de seres humanos y pandillerismo.
Ha sido en el último año, en que los índices delictivos han cobrado mayor relevancia, al continuar, como hasta ahora, la falta de voluntad del Gobierno de la República, para atender la cada vez más grave problemática de la colindancia con los países del peligroso “Triángulo del Norte de Centroamérica”, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador.
Hoy, el panorama se vuelve aterrador, cuando se conjugan las participaciones de grupos delictivos provenientes de otros estados del país, que, volvemos a insistir, aprovechan la coyuntura adversa para la Zona, por la presencia de decenas de miles de migrantes, que huyen de la hoguera de violencia y muerte, en sus naciones de origen en el istmo latinoamericano.
Un nuevo Gobierno de la República, que al igual que sus antecesores, se mantiene apático ante los planteamientos y exigencias de intervención urgente, que sigue sin llegar, salvo los paseíllos de altos funcionarios federales, como antes se hicieron de igual forma, por el puente internacional que comunica sobre el río Suchiate, a las fronterizas Ciudad Hidalgo, en el lado mexicano y Tecún Umán, en la parte guatemalteca.
Campo libre a la delincuencia organizada, al abandonarse con el cambio de las Administraciones de los tres niveles de gobierno, la estrategia de acción conjunta entre las fuerzas armadas militares –Ejército y Marina-, con las Corporaciones de las Policías Federal, Gendarmería, estatales y municipales, que en teoría inhibían con su presencia a los transgresores de la ley.
Sería hasta hace una semana, después de la aparición de decapitados, asesinato de dos policías municipales, de un locatario del mercado San Juan, y aumento de todo tipo de ilícitos, cuando volverían a parecer por las calles los convoyes de tropas con artillería pesada y federales, todos encapuchados para apoyar a los locales en la lucha contra la delincuencia.
Poco duraría este golpe de imagen mediática, pues al bajar la intensidad de sus recorridos.
Impacto positivo entre la población, más no en los delincuentes, que este jueves 7 de marzo, ejecutaron de 13 balazos, en la clase mediera colonia Galaxias, al norte de la ciudad de Tapachula, a quien sería identificado como Froylán Argueta de León, de 40 años, cuando viajaba a bordo de una pick up.
Desbordamiento de la violencia en la nueva “Tijuanita”, Ciudad Hidalgo, donde apenas el pasado lunes 4, tres individuos armados ingresaron a un restaurante ubicado en pleno centro, dos con pistolas y uno con ametralladora, para asesinar a cuatro comensales de origen guatemalteco.
Cometidos los asesinatos, los responsables huyeron a bordo de motocicletas, que manejaban tres cómplices más, para trasladarse de inmediato al paso conocido como “Palenque”, y cruzar el río para internarse en Tecún Umán.
Impunidad total, mientras en el discurso de los responsables de brindar seguridad a la población no se cansan de repetir sus deslavadas frases de “tolerancia cero”, “nadie por encima de la ley”, “se castigará a los culpables” y muchas otras más, que la gente ya no cree, al constatar a diario que el crimen organizado los rebasa con sus acciones ilícitas.
Violencia no exclusiva de la Región Soconusco, que se extiende a la Zona Central de Chiapas, donde aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos femeninos, exigieron este jueves 7 de marzo, el cese de la “Declaratoria de Alerta de Violencia de Género”, establecida el 21 de noviembre de 2016, en siete municipios de la entidad (Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tonalá y Villaflores), por considerar que lejos de detener la violencia ha resultado una simulación.
Nota principal de la edición de CUARTO PODER este viernes 8, firmada por el colega Elio Henríquez, en la que se denuncia que, “las autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir el derecho que tenemos las mujeres a la seguridad de nuestra vida y a vivir sin violencia, han generado impunidad y mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores”.
Sustento de las afirmaciones, en un documento dado a conocer en conferencia de prensa, firmado por los Centros de Derechos de la Mujer de Chiapas, de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de Derechos Humanos Digna Ochoa, así como los grupos Colectiva Cereza, Melel Xojobal, Agua y Vida, y Semillas del Sur, que conforman la denominada Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el feminicidio en Chiapas.
El señalamiento de que las limitadas acciones emprendidas por el gobierno de Chiapas, desde su aplicación, han resultado una burla para las mujeres violentadas y asesinadas.
Reactivación del caso de Viridiana Flores Ramírez, de 21 años, asesinada en junio de 2013, por su pareja, también de 21 años, Omar Fernando Rosales Toledano, con quien había procreado un niño entonces de siete meses, quien no obstante haber confesado con lujo de detalles su crimen, fue liberado por decreto de “sentencia absolutoria”, por la juez Isabel Alvarez, a finales de octubre de 2018, argumentando que lo hizo “por la falta de diligencia y perspectiva de género en las investigaciones que realizó la Fiscalía General del Estado de Chiapas, alrededor del caso”.
Cuando todo mundo daba como un hecho que el feminicida recibiría una condena de 60 años de cárcel, luego de permanecer cinco años tras las rejas en el Penal de “El Amate”, lo cual establecería un precedente en la impartición de justicia en Chiapas.
Rosales Toledano declararía en su momento que el 7 de junio se reunió en San Cristóbal de las Casas con su pareja, inicialmente en el bar “El Tequilazo”, para luego hospedarse en la madrugada del día 8, en el hotel El Buen Samaritano, habitación 23, donde finalmente mataría a Viridiana.
Hasta ahí llegaría a las siete de la mañana su cómplice Rudy Norberto Najera, de 21 años, quien le ayudaría a sacar el cadáver de la habitación y de ahí trasladarse hasta el puente San Cristóbal, de la autopista que comunica a Tuxtla Gutiérrez, desde donde arrojaron el cuerpo que posteriormente sería encontrado por agentes de la Fiscalía.
Y en tanto Omar Fernando Rosales Toledano, sigue libre después de poco más de cuatro meses de haber sido extrañamente puesto en libertad por la juez Isabel Alvarez, ésta sería suspendida para ser sometida a investigación, la cual continúa, aunque ella se encuentra protegida por un amparo federal, a pesar de la gravedad de su decreto de absolución del feminicida confeso.
Impunidad total en el caso de un asesino al que su propio cómplice delató y que además el mismo Rosales Toledano aceptó su crimen, que seguramente pronto tendrá un desenlace justo para los padres y la familia de la joven Viridiana Flores Ramírez, que este año apenas cumpliría 27.
Historias de violencia cada vez más frecuentes, en las que la Frontera Sur lleva la indiscutible delantera en el tercer mes de 2019, confirmando el desinterés del Gobierno Federal, por dar prioridad a esta Región, que si bien no preocupa al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a su homólogo Donald Trump sí interesa, al ser punto de acceso sin control migratorio, de posibles células terroristas provenientes de Asia y Medio Oriente.
Necesario ser reiterativo en el análisis, al subrayar que por esta línea fronteriza imaginaria cruzan anualmente migrantes indocumentados de 52 países, incluyendo árabes, paquistaníes, afganos, iraquíes, sirios, iraníes, libios y en general musulmanes, según lo reconoce internamente el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.
Masiva incursión en Chiapas, de pandilleros de las bandas de las “maras salvatrucha 13 y barrio 18”, que desarrollan impunemente todo tipo de actividades delictivas en Tapachula y demás municipios de la Región, lo mismo que en otras entidades del país a las que se han desplazado, en un supuesto desplazamiento hacia la Frontera Norte, para ingresar ilegalmente en la Unión Americana.
Inquietud que se manifiesta en la continuidad de operaciones de sus agentes del Buró Federal de Investigación (FBI), de la Agencia Antidrogas (DEA), así como de la Agencia Central de Inteligencia, con los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, no así con Chiapas-México, cuya relación se mantiene interrumpida.
La insistencia desde este espacio al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de que responsa con acciones apegadas a Derecho, pero con toda la severidad necesaria, para combatir al crimen organizado de dentro y de Centroamérica, que ha convertido en un cada vez más peligroso polvorín a Tapachula y en general a toda la Frontera Sur de México.
La seguridad nacional del país, tiene aquí un terreno demasiado propicio
para la desestabilización.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.