A civiles, seguridad pública; Militares, a cuarteles
Las imágenes en la oscuridad del cielo de Tepic, de un helicóptero artillado, disparando su potente metralla sobre un objetivo en tierra, en un suburbio de la capital nayarita la noche del jueves 9 de febrero, me recordó las noches iluminadas por las balas y los misiles en la ciudad de Bagdag, en marzo de 2003, durante la invasión militar estadounidense.
Esta vez, las redes sociales dieron cuenta de ello, de la histeria y zozobra de la población, no solamente de la zona de influencia sino en general de una de las ciudades más importantes del occidente de la república, ante una acción bélica nunca antes vista en el país, por lo menos grabada por la sociedad civil a distancia, sin el inconveniente de haber sido editada. Tal y cual.
Se sabría horas después que la espectacular acción tuvo como objetivo la detención de Juan Francisco Patrón Sánchez , alías “El H2”, lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva, supuestamente involucrado en Culiacán, Sinaloa, con los atentados en septiembre de 2016 a un convoy militar con saldo de varios soldados muertos, y en los días recientes de un marino, también en la misma entidad.
Reproducción de una zona de guerra, en la que el perseguido no tuvo la menor oportunidad de sobrevivencia, al ser atacado junto con sus cómplices por aire y tierra, en el que participaron grupos especiales de la Armada y el Ejército, apoyados por policías federales y estatales, que dejaría finalmente un saldo de 15 presuntos delincuentes muertos sin ninguna baja del lado de las autoridades.
Sería hasta el martes 14 cuando en el puerto de Tampico, Tamaulipas, el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, negaría que en la acción militar hubiese habido “uso excesivo de la fuerza”.
Un episodio más, ahora trascendido al mundo por las redes sociales a través de videos, de la guerra de las Fuerzas Castrenses contra el narcotráfico con saldo hasta ahora de más de 100 mil muertos desde que el 11 de diciembre de 2006, oficialmente el entonces presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sin ningún sustento jurídico, más que el de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sacó de sus cuarteles a los soldados para enfrentar al crimen organizado, ejerciendo una responsabilidad que legalmente corresponde a las corporaciones policíacas civiles.
Todo el poder de las armas militares, este jueves 9, días después de la filtración de la Casa Blanca, a medios de comunicación del vecino país del norte, de la conversación telefónica sostenida entre el presidente Donald Trump con su homologo Enrique Peña Nieto, a quien propuso el envío de tropas para combatir a los cárteles mexicanos de las drogas, argumentando la incapacidad mostrada hasta ahora por el Ejército y la Armada.
Y mientras esta situación se ha negado desde Los Pinos, habría que considerar un detalle de suma importancia en la operación que aterrorizó a la población nayarita, al utilizar la Secretaría de Marina un helicóptero MI17 de fabricación rusa, y no una de las aeronaves de fabricación norteamericana, Black Hawks, compradas por el gobierno mexicano.
El titular de la Semar mostró su desacuerdo por la difusión en redes sociales de un video, en el que se observan las maniobras de apoyo del MI17, subrayando el uso excesivo de la fuerza. Precisaría a los reporteros que “lo que hizo el helicóptero exclusivamente, fue demostrarles que si había con qué y para quitarles el lugar de preferencia que tenían ellos”, refiriéndose a la azotea de la casa en que se encontraban atrincherados, utilizando armas de grueso calibre y de largo alcance.
Información adicional, en la que se indica que “El H2”, era responsable de 150 ejecuciones y cerebro principal de las operaciones del cártel de los Beltrán Leyva, en todo el estado de Nayarit, y el sur de Sinaloa.
Y es aquí cuando surge el cuestionamiento al secretario Vidal Francisco Soberón Sanz, en cuanto a ¿cuáles fueron las razones de convertir a la zona urbana de Tepic, en un campo de batalla, poniendo en riesgo a la población civil?
Lo elemental: ¿Dónde quedó la investigación previa de los Servicios de Inteligencia de la dependencia a su cargo, del Ejército, de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación (Cisen)?
¿Cómo si en teoría existe una cooperación estrecha entre las agencias de investigación confidencial militar federal, por qué siguen persistiendo los celos interinstitucionales entre las Fuerzas Armadas, que hacen inviable la acción coordinada, por encima de las diferencias como ocurre en Tapachula, donde la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene su slogan de “nosotros sí vamos”, relativas a las denuncias anónimas sobre hechos delictivos, en clara alusión a la Secretaría de Marina?
¿Por qué el terror como método en una importante zona urbana del país? ¿Qué pasó con los trabajos de infiltración, espionaje telefónico y cibernético, de observación de desplazamientos de los objetivos, que de haber existido, no se hubiera disparado un solo tiro y si en cambio capturado vivo a uno de los lugartenientes más importantes de la delincuencia organizada en el país?
¿Dónde los resultados contundentes derivados de la capacitación del personal militar y civil en labores de Inteligencia, Contrainteligencia, y Terrorismo, entre otros, con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, Israel, Francia, España, Inglaterra y Alemania?
¿Acaso había que hacer una demostración del poder bélico del Ejército y la Armada, apoyados en un helicóptero de fabricación rusa para demostrarle al presidente Donald Trump que está equivocado en cuanto a la capacidad de respuesta del Estado Mexicano para combatir al narcotráfico internacional que tiene como mercado principal a las decenas de millones de adictos de la Unión Americana?
Ocurre en los días en que surgen en el país, las pugnas por el control de territorios del crimen organizado, una vez que el capo principal, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ha sido extraditado a los Estados Unidos, dejando atrás un vacío de poder que se pretende cubrir a sangre y fuego.
Por lo pronto, el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, niega que lo acontecido en Nayarit sea una advertencia de las Fuerzas Armadas a los grupos enfrentados: “No hay ninguna advertencia en lo absoluto, simplemente ha habido cuestionamientos muchas veces de que si estamos rebasados. Las Fuerzas Armadas estamos muy por encima de grupos de sicarios”.
Incidente que coincide también con las encontradas corrientes de opinión y de legisladores, concernientes a la inexistencia de un marco legal que respalde la presencia de las Fuerzas Armadas fuera de sus cuarteles, realizando tareas que incumben de manera prioritaria a las Corporaciones policíacas civiles.
Propuesta enviada el 27 de octubre pasado al Poder Legislativo Federal, por el presidente Enrique Peña Nieto, para crear la Ley de Seguridad Interior, que pretende corregir el error del exmandatario Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, estableciendo el marco legal que permitirá al Ejército y Armada llevar a cabo labores de corte policíaco, subordinando a la autoridad civil, cuando el titular del Poder Ejecutivo así lo considere necesario.
Una iniciativa que ha encontrado oposición, lo que ha impedido hasta ahora su aprobación, por la polémica surgida en cuanto a que ello implicaría militarizar a México.
Y mientras ello se decide, es necesario recapitular que la presencia de elementos del Ejército y la Marina fuera de los cuarteles, ha tenido un costo de sangre y muerte muy elevado, ya que después de 10 años, dos meses, meses y cinco días, la violencia extrema se mantiene y el poder de los cárteles de las drogas llega a los extremos de no respetar a los militares y en determinado momento hasta emboscarlos, utilizando armas sofisticadas provenientes de Estados Unidos, como quedaría constancia la madrugada del 30 de septiembre de 2016, en Culiacán, Sinaloa, al atacar un convoy del Ejército Mexicano, con saldo de cinco soldados muertos y 10 heridos.
En esa ocasión, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, calificaría a los responsables del atentado, como “enfermos y bestias criminales”, cuyos crímenes no quedarían impunes, advirtiendo que lo ocurrido no amedrentaba a la tropa, sino que los impulsaba a redoblar esfuerzos.
Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto ha reiterado en diversas ocasiones que la Marina y el Ejército son la instituciones de seguridad que más confianza generan entre la población, por lo que su gobierno las respalda porque con su trabajo comprometido, se han ganado el respeto y admiración de los mexicanos.
No hay duda entre la sociedad nacional de que su aportación a la paz social del país es una realidad irrebatible, pero también es importante subrayar que en un elevado número de casos, el desconocimiento del marco legal de los derechos humanos y otras normatividades regulatorias dentro de un Estado de Derecho, han motivado errores y abusos, que siguen teniendo un alto costo en la imagen de las Fuerzas Castrenses en el territorio nacional.
Ha sido el propio responsable de la Defensa Nacional, quien ha reconocido la necesidad de que el Ejército regrese a sus cuarteles, reconociendo que fue un error entrar en la guerra contra el crimen organizado.
Salvador Cienfuegos Zepeda ha aceptado igualmente, que “uno de ellos fue cuando entramos de lleno al combate a las drogas, hacer un lado a la policía, porque muchas policías estaban comprometidas y se habían corrompido y entonces hicimos a un lado a las policías y nos quedamos con un problema que no nos toca, que no nos corresponde”.
La decisión del Gobierno Federal en coordinación con los estatales, de delegar a los militares la responsabilidad principal de combate al narcotráfico,
ha propiciado el abandono de la idea central de crear nuevas Corporaciones Policíacas más preparadas profesionalmente, mejor equipadas y sobre todo mejor pagadas.
De ahí, el desgaste en el Ejército, advierte el titular de la Sedena, por la multitud de tareas encomendadas en materia de seguridad pública, para abatir a la delincuencia organizada en las sierras y ciudades, sin que ello haya implicado un déficit en las Fuerzas Armadas, que efectúan labores de policías, por lo que también se requiere un marco legal.
Un reclamo indiscutible de Salvador Cienfuegos Zepeda: “El Ejército no pidió salir a las calles, pero los gobiernos no han hecho su tarea”.
Y mientras ello sucede, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, considera que las Fuerzas Armadas deben volver a sus cuarteles, cuando las condiciones del país así lo permitan, pues la seguridad pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones civiles.
De acuerdo, el problema es que no existe la voluntad política para que así ocurra, olvidando a la vox populi que siempre ha dicho que “zapatero, a tus zapatos”. El riesgo de que la delincuencia corrompa a los militares, existe. Hay antecedentes.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.