Invasiones

En Chiapas desde hace varios años se había venido permitiendo la invasión de predios, tanto en las zonas urbanas como rurales; supuestas organizaciones sociales y campesinas aprovechaban la situación para cometer tropelías. Las demandas penales que interponían los afectados dormían el “sueño de los justos”, por más gestiones que realizaban no se procedía legalmente, incluso se evidenciaba la protección de las autoridades.

La acción emprendida ayer por el gobierno estatal en contra de un grupo de integrantes del denominado Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) que se había posesionado de un predio en Tuxtla Gutiérrez y que derivó en actos de vandalismo, con la detención de 37 presuntos involucrados en esos hechos, ha sido considerado como un mensaje claro de que no hará respetar el Estado de Derecho altamente vulnerado en Chiapas.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien por cierto ha sido uno de los damnificados por invasiones, ha enviado un mensaje claro: “nada ni nadie está por encima de la ley” y derivado de los hechos de ayer, ha recibido el respaldo prácticamente de todos los sectores productivos, empresariales y de la sociedad civil que han demandan que ese tipo de acciones de restablecimiento de la legalidad se realicen en todo el estado.

No solamente es en la capital del estado, desde hace varios años la toma de tierras en la zona de Berriozábal y Ocozocoautla se agudizaron; en la costa existen decenas de predios invadidos en Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Huixtla, Tapachula y Suchiate. Los agraviados siguen promoviendo que las autoridades procedan conforme a derecho y se realicen los desalojos, porque ese tipo de actos ponen en riesgo la producción e incluso la llegada de inversiones, toda vez que ninguna empresa quiere asentarse en regiones en donde no hay seguridad en la tenencia de la tierra.

Se sabe que desde hace algunos días, autoridades gubernamentales se acercaron a los dirigentes del Mocri para empezar una serie de negociaciones que permitieran hacerlos entender la necesidad de desalojar los terrenos que habían invadido en la capital chiapaneca en la zona de “Los Amorosos”, la respuesta de éstos fue amenazante. El resultado del desalojo está a la vista de todos; en los medios de comunicación y en las redes sociales se transmitió en tiempo real lo que estaba ocurriendo, durante el operativo como posteriormente con los actos vandálicos que dejaron pérdidas millonarias en diversos negocios.

Desde hace tiempo integrantes de esa organización han realizado actos vandálicos en Tuxtla Gutiérrez, le habían tomado la medida a las anteriores autoridades y pensaron que sería lo mismo. Se sabe que existen decenas de órdenes de aprehensión en contra de dirigentes del Mocri y de otras organizaciones dedicadas a cometer desmanes e invadir tierras, que deben de cumplimentarse; es la petición que hacen los afectados y puedan recuperar sus propiedades.

Lo mismo se ha dicho en cuanto a los bloqueos carreteros que se realizan por cualquier motivo y derivado de ello se registran fuertes pérdidas para los sectores productivos, como ha ocurrido en los últimos meses en Puerto Chiapas, por no haber capacidad de las autoridades locales y educativas para atender los problemas. En ese caso ya hubo necesidad de utilizar la fuerza pública, aunque sin detener a ninguna persona, pero lo grave es que se pone en riesgo la actividad económica y exportadora.

Los grupos que se han dedicado a promover las invasiones deben de poner sus barbas a remojar; queda claro que la actual administración no permitirá que se siga poniendo en riesgo la estabilidad social, política, productiva y económica del estado y que se aplicará la ley a quien la violente. Ayer fue en Tuxtla Gutiérrez, aunque los sectores productivos y empresariales quieren que se recuperen y devuelvan a sus propietarios los predios invadidos en todo el estado.

A escena

Por cierto, uno de los dirigentes del Mocri, es nada más y nada menos que José “Pepe” Linar Hernández, quien durante la administración de Samuel Alexis Chacón Morales, como alcalde de Tapachula, fue subdirector de Obras Públicas y asesor económico del mismo, por tanto se presume que existen políticos quienes protegen a los líderes que en muchas ocasiones se aprovechan de la situación económica de las personas para cometer delitos, como las invasiones y actos de vandalismo… En el Congreso del Estado todas las fracciones parlamentarias respaldaron el trabajo de las autoridades para aplicar el estado de derecho, restablecer el orden y de esa manera recuperar la confianza ciudadana, al ser prioritario mantener el clima de gobernabilidad, tranquilidad y paz, aunque también se reconoce que ha demostrado que antes del uso de la fuerza se agota el diálogo… En Tapachula prevalece una fuerte polémica porque las autoridades municipales no han tenido suficiente capacidad para brindar un servicio eficiente de recolección de la basura y ante la problemática agudizada presentaron una propuesta para rentar decenas de camiones para realizar esas actividades, misma que ha sido duramente criticada por los ciudadanos porque consideran que será un negocio de unos cuantos; paralelamente a ello, llamó la atención que hicieran circular una serie de fotografías en donde se ve al secretario particular del Ayuntamiento, Jorge Zúñiga, con un grupo más de empleados al momento que realizan limpieza en una parte de uno de los ríos que atraviesa la ciudad, por lo que los comentarios en las redes sociales es que primero empiecen por limpiar las calles y pongan vigilancia en todos los puentes para que las personas no tienen basura en los afluentes… Hasta la próxima.