Aflora corrupción en Sopyc

En el año de Hidalgo, en la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones (Sopyc), que encabeza Daniel Flores Navarro, los constructores están siendo rasurados por segunda ocasión, pues de acuerdo a denuncias del sector constructor para que se les pague el finiquito de obras realizadas en distintas partes de la entidad, se les está exigiendo un 10 por ciento de diezmo, lo cual resulta injusto cuando desde las asignaciones habrían pagado el diezmo correspondiente; el cual no se respetó derivado de que Julio Morfín que sustituyó a Jorge Betancourt por 24 horas, ni bien había llegado a la oficina cuando le retiraron el nombramiento para dárselo a Flores Navarro que llegó a la institución con la escoba para barrer con todo lo que tiene a su alcance.

De esta manera, los constructores y generadores de importantes fuentes de empleo, demandan que se frenen los abusos que se realizan en lo que consideran el año de Hidalgo, pues incluso, se les cobra 15 mil pesos por estimaciones y un 14 por ciento por nueva obra asignada; y en este tema involucran a Alberto González Díaz, coordinador de Administración y Finanzas de la institución, y a Julio César Farrera Esponda, subsecretario de Obras Públicas, que operan estos temas; pero a su vez, presuntamente señalan al titular de la dependencia ya que es quien supuestamente exige las cuotas y también lo hace por instrucciones superiores.

Lo interesante sería, saber órdenes de quién reciben para defraudar al sector productivo, que asegura que  las obras dejan de ser redituables y por tanto se realizan sin los materiales adecuados, ya que el “moche” que piden los funcionarios es muy alto. Por cierto, esta institución se ha caracterizado en todas las administraciones gubernamentales por ser una gran generadora de nuevos ricos y no extraña que en el último año de gobierno, los funcionarios se despachen con la cuchara grande e intenten sacar más dinero al deteriorado grupo de constructores chiapanecos que de por sí, se las ven negras para que les paguen a totalidad las obras ejecutadas, incluso muchos cayeron en quiebra por que no se les pagaron obras realizadas al inicio del sexenio.

Lo peor, es que todos funcionarios que han estado al frente de la Sopyc, antes Secretaría de Infraestructura, se han adjudicado millonarios contratos en obras para empresas propias, y esto es un secreto a voces, constantemente se escuchan los nombres de Juan Pablo Orantes, Bayardo Robles -quien incluso aparece en eventos oficiales con un contrato en Puerto Madero que se adjudicó siendo titular de Seinfra- y por último Jorge Betancourt que llegó para arreglar los temas pendientes ante la Auditoría Superior de la Federación y se fue buscando fuero constitucional, que al final no alcanzó, quedando desprotegido totalmente.

En fin, esperamos que se ponga orden en esta institución donde la corrupción está a la orden del día ya que este mal es imparable de acuerdo a las mediciones de la Coparmex que asegura que la corrupción cuesta al país 347 mil millones de pesos anuales, tema por el que exige a los nuevos legisladores que pronto ocuparán sus curules  darse prisa para crear una ley contra los funcionaros y políticos corruptos, así como terminar la puesta en marcha de los Sistemas Nacional y Local Anticorrupción.

Y es que lamentablemente a un año de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción para la “prevención, detección, y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en fiscalización y control de recursos públicos”, no se ha consolidado como tampoco a nivel de los estados, menos Chiapas, pues ninguno ha sido terminado totalmente, lo cual es muy conveniente para los funcionarios que van de salida y por supuesto para los que vienen pues finalmente no hay prisa en combatir los mecanismos con los que cada sexenio hay nuevos ricos.

Por cierto, el pasado tres de octubre del 2017 la Coparmex propuso la Ley de Muerte Política, que en Perú se llama de Muerte Civil, para aquellos funcionarios y políticos corruptos que hayan sido vinculados a proceso y sentenciados, misma que dos semanas después fue propuesta en el Senado de la República por el senador José Luis Preciado del PAN, y más recientemente, este año, durante las campañas políticas lo hicieron los candidatos Ricardo Anaya del PAN, Juan Zepeda del PRD y Movimiento Ciudadano, aun no se aprueba, pero no es garantía de nada por que son pocos los políticos llevados a juicio en el país, la mayoría son exonerados, y como muestra la reciente liberación de Elba Esther Gordillo Morales.

Con filo

Humberto Pedrero, exsecretario de Hacienda y muy conocido como “mago de las finanzas” que buscaba cobijarse en una diputación federal, le alcanzó el karma y no pudo lograr el objetivo de una curul federal; de tal manera que la promesa de mantenerlo a salvo se quedó en mero ofrecimiento, y ahora el exfuncionario está como el perro: con la cola entre las patas,  sin poder ver a la cara a miles de proveedores chiapanecos a los que mes con mes les prometía pago, pero nunca cumplía; mientras que miles de trabajadores que fueron despedidos por una supuesta austeridad le mandaron también buenas vibras para que vea que sus paisanos no son rencorosos, más cuando se dice que está en una depresión terrible y se asume traicionado por su padrino político que le dio tremenda bofetada dejándolo fuera de la jugada.

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