Urge aplicar la ley en bloqueos

El pasado 17 de diciembre del 2015 el Pleno de la LXVI Legislatura local, modificó el artículo 375 del Código Penal del Estado, mediante el cual, a partir de ese momento se debería castigar con cárcel a quienes bajo el argumento de una protesta pública bloquearan vías de comunicación, federales o estatales; sin embargo, esta modificación ha sido desde su creación letra muerta, ya que, incluso sin razón, inconformes bloquean carreteras y hacen de las suyas pues total, nadie va a la cárcel.

De tal manera que a cualquier hora y en cualquier momento las vías federales o estatales son tomadas y establecen cuotas que poco a poco van subiendo para poder dejar libre el tránsito, las mejores fechas para aquellos que han hecho de los bloqueos todo un negocio, son las vacacionales o los puentes que abarcan varios días. Nunca hay desalojos ni sanciones, por eso hasta cuando hay un enfermo o buscan recursos para una fiesta colocan tablas con clavos y obligan a los ciudadanos a pagar por transitar a su destino.

Ahora, en el marco de la nueva administración gubernamental en la entidad, donde presuntamente se aplicará la ley sin distingo de partidos o religiones hay una leve esperanza de que así se haga y no sea meramente discurso político, porque si bien es cierto que debe prevalecer el diálogo, cuando este se agota y hay intolerancia de la parte inconforme, entonces no debe esperarse para que apegados a derecho y con el respeto a los derechos humanos correspondientes se aplique la ley.

En realidad hay un hartazgo de diversos sectores que en los últimos años hemos vivido amagados por normalistas, maestros y organizaciones campesinas que condicionan el paso en las principales vías de comunicación, que realizan destrozos, invaden, secuestran y agreden sin sanciones y es que insisto, desde la aprobación de esta reforma legal ninguna organización fue sancionada por incurrir en este delito, a pesar de que con el cobro de peaje y el bloqueo de vialidades violentan el derecho constitucional al libre tránsito.

La iniciativa de reforma que mencionamos fue presentada en el 2015 por quien fue presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Eduardo Ramírez Aguilar, actual senador de la República que en su momento justificó la importancia de aprobar la reforma por que los bloqueos se habrían convertido en un modo de vida para grupos inconformes; sin embargo, la expectativa que generó esta modificación al Código Penal solo fue en el papel por que las autoridades de justicia nunca hicieron uso de esta reforma que pudo haber logrado que las manifestaciones fueran de acuerdo a la Constitución, pero sin afectar derechos de terceros.

Otro de los temas pendientes han sido las invasiones y en este sentido la Fiscalía General del Estado anunció que prepara más desalojos lo cual es muy acertado porque en Chiapas se terminaron las grandes extensiones de tierras para invadir y las pocas propiedades que quedan son pequeñas, además de que al ser invadidas han dejado de producir y los desalojos no deben estar en negociación con nadie, son ilegales y se debe actuar en consecuencia, pero encarcelando también a los políticos que han permitido y que protegen a estas organizaciones ya que no es un secreto que hay padrinos que impulsan la desestabilización.

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció nuevos operativos dentro de Tuxtla Gutiérrez y en municipios aledaños con el fin de terminar con las invasiones, esperamos que no le tiemble la mano para ejercer el derecho, pues es hora de detener la ola de abusos, ya que los líderes sociales le han tomado la medida a las autoridades y por eso, se sienten con total impunidad, lo cual seguirán haciendo si no se les da un escarmiento, pero eso sí, a todos por igual, y no importa que organización sea, un delito es un delito.

En este sentido, por cierto, el titular de la política interna de la entidad, Ismael Brito Mazariegos afirmó que este gobierno no permitirá más invasiones y que nadie estará por encima de la ley, lo cual insisto esperamos que no sea solo discurso sino parte de esa Cuarta Transformación que tanto presumen.

Con filo

Integrantes de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se niegan a participar en la convocatoria de la cadena de cambios, que se les ha notificado por oficio, pero éstos han sido rechazados; lo anterior, porque los líderes sindicales quieren que se exija la constancia de militancia sindical, pero no es un documento normativo para condicionar la participación de los trabajadores, solo que finalmente esta constancia tiene un costo y evidentemente es un ingreso que el sindicato no quiere perder, por eso rechaza la invitación de la parte oficial, en fin el dinero siempre será un interés de suma importancia para los líderes magisteriales…///El empresario José Luis Orantes Aramoni se sigue asumiendo como el legitimo dueño del predio Rosario Sabinal, que recientemente fue desalojado por las autoridades, y María de Jesús Olvera Mejía, ex diputada del PRI en Chiapas, falsificó escrituras para hacerse pasar por la dueña. Llama la atención que no se ejerzan acciones en su contra, pues también tiene dos actas de nacimiento, y fue una de las principales líderes que actuaron para que la presa Chocasen II no se construyera en Chiapas por intereses personales y económicos principalmente.

maryjose52@hotmail.com