Estancias infantiles de Chiapas deben ampararse
De las nueve mil estancias infantiles que operaban en el país y a las que se les recortó 88 millones 960 mil 719 pesos en el Presupuesto de Egresos de este año, resulta que mil 700 ganaron un amparo para que se les regrese los recursos, pero eso allá en Nuevo León donde el senador de la República Samuel García, de Movimiento Ciudadano, apoyó el recurso legal que pone en jaque a la Secretaría de Bienestar federal que ahora tendrá que acatar la orden del juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de ese estado, Edgar Ulises Rentería, para regresar el programa de apoyo a las estancias infantiles.
Este ejemplo deberían seguir senadores chiapanecos como Manuel Velasco, Eduardo Ramírez y Sasil de León, quienes conociendo las estadísticas económicas y las cifras de madres adolescentes que tienen la necesidad de trabajar y de dejar a sus hijos en lugares seguros y sobre todo económicos en Chiapas, solo se han pronunciado en contra del recorte presupuestal pero no han abanderado algún movimiento con los resultados como los de Nuevo León, por ello en la entidad de las 381 estancias infantiles el 65 por ciento ha cerrado sin ningún apoyo de los representantes populares.
Y es que lamentablemente el recorte presupuestal que el gobierno federal aplicó a las guarderías se genera a sabiendas de que la población económicamente activa femenina mayor de 15 años en el país registra 96.5 por ciento en ocupación y de ésta, 73.6 por ciento tiene hijos, según lo registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); es decir, no hay nada inventado pues según la misma institución México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.
En 2018 este proyecto tuvo un presupuesto por 237 mil 423 millones 927 pesos, mientras que para el próximo año ejercerá 148 mil 463 millones 208 pesos, con esto se limita a muchas mujeres que deben buscar alternativas para sus hijos menores de edad, aunque Nuevo León es un ejemplo de lo que el resto de los estados pueden hacer con la decisión que se ha logrado al ampararse en tiempo y forma.
En este sentido, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y la subsecretaria, Ariadna Montiel, deben de inmediato acatar la determinación, ya que de lo contrario, podrían ser destituidas e ir a la cárcel si desacatan la orden judicial que amparó a mil 700 estancias infantiles del país, según lo dijo el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, que orgulloso presumió su logro en conferencia de prensa allá en Nuevo León, al señalar que fueron cinco los amparos colectivos presentados que obligan al gobierno federal a dar reversa y solventar los recursos que se habían suspendido a estas estancias.
Ojalá que los representantes populares de Chiapas, incluso los locales o las legisladoras que presumen ser mayoría en la entidad pudieran encabezar un movimiento a favor de las mujeres de Chiapas y sobre todo de las madres que urgen de estos espacios pues la medida dictada por los juzgados puede impedir que se sigan cerrando las estancias infantiles e incluso que los recursos sean retroactivos al tiempo en el que se aprobó la medida. De acuerdo al legislador de Movimiento Ciudadano no hay forma de que el gobierno federal le de vuelta a esta resolución judicial, por lo que éstos amparos han demostrado que nadie puede atropellar el derecho de niñas y niños.
El amparo exige que e la Secretaría de Bienestar cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley. Es decir, si se denuncia al MP por desacato, en automático se destituye, por lo que seguramente no correrán ese riesgo.
Finalmente las estancias infantiles que no han procedido legalmente, tienen el ejemplo para poder recurrir al amparo y puedan ser incluidas en los beneficios de esta suspensión definitiva aunque tienen que hacerlo antes de que se cumpla el plazo legal; es decir, se publicaron las modificaciones el 27 de febrero y hay un plazo de 30 días para ampararse por lo que aún tienen algunos días para hacerlo, las que no lo hagan no van a ser cobijadas por el Poder Judicial. Solamente estas estancias que se están amparando y logrando la suspensión tendrán el efecto de que se les pague y se les siga dando el subsidió similar al 2018.
Con filo
El fallo sobre las estancias infantiles se da por que se afecta con esta medida a los niños, a los trabajadores y a miles de padres de familia. En la entidad estas estancias han cerrado y las que aun continúan señalan estar recibiendo subsidios de gobiernos diferentes a Morena; es decir del PRI, del Partido Verde y de Podemos Mover a Chiapas, donde los alcaldes determinaron por voluntad propia dar aportaciones a las guarderías infantiles.
maryjose52@hotmail.com